El PP lleva al TC la eutanasia por infringir 17 puntos constitucionales

▶Denuncia que se restrinja el derecho a la objeción de conciencia y que la discapacidad sea un motivo para morir ▶Alertan al máximo tribunal de que la ley se aprobó con la ausencia de informes técnicos, jurídicos, médicos y bioéticos

El Partido Popular apuró hasta el final para llevar al Tribunal Constitucional (TC) la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, aprobada en marzo en el Congreso de los Diputados y que entra en vigor hoy, tres meses después de su publicación en el BOE. En concreto, el principal partido de la oposición recurre parcialmente la ley –solo cinco de sus artículos y la disposición adicional quinta– por infringir un total de 17 artículos de la Constitución Española (CE), entre ellos el 15, que consagra el derecho a la vida y a la integridad física y moral.

En línea similar al recurso presentado por Vox el miércoles, los populares denuncian ante el TC que la tramitación que siguió el derecho a morir «sin audiencia de los sectores implicados, de los especialistas, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado –informes imperativos pues se reforma el Código Penal–, socava «la integridad de la ley», al vulnerar los artículos 93 y 23 de la CE.

El recurso además asegura que la norma viola el principio de seguridad jurídica reconocido en el art. 9.3 de la

CE en la medida en que la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido incumplen el «deber del Estado de proteger la vida y, en particular, de establecer un régimen jurídico que garantice que la decisión ha sido tomada libremente y con plena comprensión de lo que conlleva, así como para evitar potenciales abusos y proteger a las personas vulnerables».

Atendiendo a la demanda del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), los populares denuncian también que la nueva ley orgánica infringe la libertad ideológica consagrada en el art. 16 de la Constitución. Según el recurso, la regulación del derecho a morir no solo restringe «desproporcionadamente» el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, sino que además niega la titularidad de ese derecho a las personas jurídicas.

A diferencia de Vox, el recurso del partido de Casado llama la atención del TC sobre la llamada «pendiente resbaladiza» que promueve la norma, además de la incorporación de las personas con discapacidad al «contexto eutanásico» y la configuración de un régimen de consentimiento anticipado «incapaz de salvaguardar la protección de las personas vulnerables».

El último punto del recurso hace mención a la Disposición Adicional quinta que hace referencia a que los informes desfavorables a la solicitud de eutanasia puedan ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El PP denuncia que la nueva norma configura «un inconstitucional proceso preferente y sumario para la tutela del pseudo derecho a la eutanasia, que no constituye derecho fundamental alguno» de los establecidos en el artículo 53.2 de la Constitución Española.

Fuentes de la dirección nacional del PP denuncian que la ley de Eutanasia genera «gran inseguridad jurídica», y defienden una alternativa que califican de «justa, positiva, útil y oportuna», como es la ley de cuidados paliativos, para universalizar los derechos y las garantías de la dignidad de la persona en los instantes finales de la vida.

El PP ve como una «gran irresponsabilidad y una gran falsedad» que se defienda la eutanasia como una opción libre cuando no se han desarrollado los cuidados paliativos indispensables. «Si no hay alternativa, no hay libertad», subrayan. De ahí que los cuidados paliativos van a ser uno de los ejes de su programa social, y así lo propondrán en su convención nacional de octubre: «Defendemos que los pacientes tengan la garantía de los cuidados hasta el final de la vida y que toda decisión que tengan que tomar en ese proceso sea fruto de una información objetiva, precisa y comprendida por la persona».

En concreto, el PP pide reconocer el acceso a los cuidados paliativos como un derecho de los pacientes. «Si el objetivo de la ley fuera evitar el sufrimiento, no se entiende el rechazo a establecer un plan integral de cuidados paliativos como planteamos», señalan. Los populares se basan en este dato: «España solo dispone de 0,6 servicios de este tipo por cada 100.000 habitantes (como Georgia y Rumanía). ¿Y se aprueba una ley de eutanasia teniendo estos datos?» En España cada