¿Cree que es mala persona? ¿Siente que está siendo castigado?
▶ Sanidad publica el protocolo para saber si un paciente puede decidir sobre su vida Sanidad aún no ha presentado el manual de buenas prácticas donde se especificarán los fármacos para causar la muerte
¿Puede ayudarme a entender por qué ha decidido rechazar el tratamiento? ¿Siente que está siendo castigado?¿Cree usted que es una mala persona? Estas son algunas de las preguntas que los médicos harán a los pacientes que expresen la voluntad de poner fin a su vida y recurrir a la eutanasia. El Ministerio de Sanidad ha elaborado un protocolo médico que incluye una entrevista personal y varios cuestionarios para ayudar a los médicos a discernir si el solicitante está capacitado para decidir sobre su vida y no está deprimido.
La guía recibió la luz verde de las comunidades autónomas en el último Consejo Interterritorial de Salud y ayer el Ministerio de Sanidad lo hizo público. Lo hace solo un día antes de la entrada en vigor de la ley de Eutanasia, la norma que convierte el derecho a morir en una prestación sanitaria más.
El protocolo médico se estructura en tres fases. El primer paso es una entrevista en la que el médico debe cerciorarse de que su paciente entiende la decisión que va a tomar, que la razona y la puede expresar de forma libre y voluntaria. Esto bastaría, pero si el médico alberga dudas es cuando el facultativo deberá recurrir a la ayuda de los cuestionarios que ha facilitado el Ministerio de Sanidad. Todos, aseguran, validados por la comunidad científica internacional.
Las preguntas del cuestionario van encaminadas a valorar la situación cognitiva del paciente y si su deseo de morir está motivado por un estado depresivo, más que por una intención real de dar el paso. Para detectar un contexto de depresión, se le preguntará al demandante de la ayuda a morir que le explique si «¿Siente que merecería ser usted tratado?, «¿Cree usted que es una mala persona?», «¿Siente que está siendo castigado?». Para detectar un estado de psicosis o delirio, se recomienda preguntar: «¿Confía usted en su médico?», «¿Cree que alguien está tratando de perjudicarlo?».
Si tras el cuestionario el facultativo aún albergara dudas podría consultar con otro especialista experto en incapacidad o en la propia patología del paciente.
Después esta decisión deberá ser refrendada por otro especialista de la patología del paciente ajeno al equipo del médico responsable que toma la decisión. Si están de acuerdo en que el paciente es capaz, se sigue adelante con el procedimiento. En caso de discrepancia la decisión se elevará al pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación que depende de cada comunidad autónoma. Cada una de estas comisiones deberá estar compuesta por un mínimo de siete miebros entre los que se incluirá personal médico, de enfermería y juristas. Pese a la inminente entrada en vigor de la polémica ley, muchas comunidades aún no tienen ultimada la composición de estas comisiones.
El Ministerio de Sanidad asegura que ha trabajado «codo con codo» con las comunidades autónomas para que la ley tenga todas las garantías. Además del protocolo para valorar la capacidad de los solicitantes, se quiere redactar un manual de buenas prácticas que aún no ha terminado de revisarse, confiesa el ministerio.
La ley establecía un plazo de tres meses tras su entrada en vigor, es decir, hasta el 25 de septiembre para la aprobación por parte del Consejo Interterritorial de Salud, se justifica Sanidad.
El manual de buenas prácticas prevé aspectos esenciales como las recomendaciones sobre los medicamentos a administrar para que la prestación se realice de forma homogénea en todo el sistema nacional de salud e incluye modelos de los principales documentos necesarios para el desarrollo del proceso, como por ejemplo el formulario de solicitud, la hoja de información sobre la eutanasia, el consentimiento informado o las recomendaciones para el ejercicio de la objeción de conciencia por los profesionales sanitarios.