Los médicos de la Comunidad pueden objetar desde mañana a la eutanasia
▶ La Junta aprueba la creación de la Comisión de Garantía y Evaluación que regula la ayuda a morir ▶ El proyecto de ley autonómico de derechos al final de la vida verá la luz en «unas semanas»
La Junta de Castilla y León dio ayer los primeros pasos para aplicar en la comunidad la eutanasia. Lo hace un día antes de que entre en vigor —hoy mismo— la Ley orgánica aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado mes de marzo. No será posible, sin embargo, reclamar esta práctica al menos por algún tiempo dado que aún faltan por definir aspectos fundamentales para su puesta en marcha. Pero, de momento, el Gobierno autonómico dio luz verde al decreto por el que se crea la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia, un órgano que estará formado por quince profesionales, tanto sanitarios como juristas, cuya labor será verificar de forma previa y controlar a posteriori que en todo momento se cumple con la normativa establecida sobre este procedimiento.
Sin embargo, la composición de dicha comisión no se conocerá hasta la próxima semana, según detalló ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y se constituirá previo informe a favor de la Comisión de Bioética de Castilla y León. Será un órgano colegiado administrativo, adscrito a la Gerencia Regional de Salud, y con su propio reglamento, que nace bajo un concepto multidisciplinar y que contará con un total de quince miembros (más un secretario que será funcionario público) de distintos perfiles profesionales: cinco médicos, cinco juristas, tres enfermeros, un psicólogo clínico y un trabajador social. en el que se puedan inscribir los objetores de conciencia a facilitar una ayuda para morir. Cuando exista el citado registro, que será válido tanto para centros públicos como privados o concertados, todas las declaraciones se incorporarán de manera automática. En la Consejería no cree que el cien por cien de los médicos se conviertan en objetores pero, en todo caso, apostaron por que se recojan tanto sus derechos como los de los pacientes.
Verónica Casado reconoció, al finalizar el Consejo de Gobierno, que habrá que esperar semanas para que se pueda aplicar la eutanasia, dado que el Ministerio aún no ha tomado decisiones tan fundamentales como la elección del fármaco con el que ayudar a morir. El decreto, que entrará hoy en vigor, incluye la difusión y fomento de las actividades formativas que requieran a este respecto los profesionales relacionados con el proceso de eutanasia. En este sentido, se ha preparado un vídeo tutorial disponible en el Portal de Salud en el que se explica de manera pormenorizada la guía del proceso general y plazos de la prestación de la ayuda. Además, habrá otros nueve vídeos realizados por expertos de reconocido prestigio en la sanidad pública autonómica, con explicaciones sobre las diferentes partes del proceso.
Las primeras decisiones para aplicar la eutanasia llegan cuando Castilla y León está pendiente de aprobar la ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida, el primer anteproyecto presentado por el Gobierno de coalición PP-Cs, hace ya casi dos años pero que aun no ha visto la luz «porque la pandemia nos ha tenido muy ocupados», en palabras del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.
Esta nueva norma autonómica se centra en los cuidados paliativos al pacientes como opción más adecuada para afrontar un proceso final de la vida libre de sufrimiento. De ahí que tanto la consejera como el vicepresidente insistieran en que las próximas semanas se aprobará el proyecto de ley que, no obstante, aún deberá pasar el trámite parlamentario, con la esperanza de que pueda estar aprobada antes de que finalice la actual legislatura. Su objetivo es «garantizar la dignidad, el bienestar y el respeto a la voluntad del paciente mediante el desarrollo de los cuidados paliativos como opción más adecuada para afrontar el proceso final de la vida libre de sufrimiento.
Sobre el recurso a la Ley de la Eutanasia planteado por la dirección nacional del PP, Igea se mostró convencido de que no va a alterar al planteamiento del Ejecutivo de coalición castellano y leonés, entre otras cosas porque «afecta más a la forma de la cuestión que al fondo».