Según el vicepresidente de la Junta, «la ley anterior tenía un notable error de diseño que hizo que fuese poco factible avanzar»
al que se sometió a esta norma legislativa por parte de los socialistas. «Llevamos ocho años con la Ley, no se puede petrificar», añadió. En este aspecto, anunció que ya ha mantenido conversaciones con el resto de grupos de la oposición, salvo el PSOE, y confía
Entre las novedades más destacadas, se eliminan las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (Ubost) y las sustituye por las áreas funcionales, cuyo mapa arrancará desde las diputaciones provinciales. Estas tendrán un plazo de seis meses para elaborar sus respectivos estudios de zonificación, desde la aprobación de este proyecto en las Cortes. Además, se fijan tres años para adaptar progresivamente a las áreas funcionales rurales los servicios autonómicos prestados en el territorio. Su constitución se facilitará con la supresión de requisitos que ahora se sustituyen por criterios, como el de población, ya que se rebaja a 2.000 habitantes, cuando antes era de 5.000; también se permitirá la existencia de uno o varios municipios prestadores de servicios generales, a los que se deberá llegar en menos de 30 minutos.
Otra novedad es la flexibilización en la creación de nuevas áreas funcionales urbanas en municipios de un mínimo de 15.000 habitantes, cuando era de 19.000, al tiempo que podrán solicitarlo localidades que no tengan la mayor población de las que se pretende agrupar. Las mancomunidades de interés general rurales tendrá una nueva cartera de competencias y funciones basada en dos bloques, uno de carácter mínimo y obligatorio y otro voluntario.