Sánchez lamenta que ERC y Junts respondan por los gastos del 1-O
▶El Gobierno no puede interferir en el proceso económico del Tribunal de Cuentas, ya muy avanzado ▶El independentismo, conseguidos los indultos, marca la nueva exigencia: salvar la responsabilidad personal
El Gobierno está convencido de su apuesta por destensar las relaciones con la Generalitat de Cataluña. Los indultos a los nueve presos que lideraron el proceso independentista son solo el primer paso. En este proceso de distensión, las causas abiertas ante el Tribunal de Cuentas aparecen como «piedras en el camino». La expresión es literal del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
El Tribunal de Cuentas estrecha el cerco sobre la responsabilidad contable de los cabecillas del proceso independentista de 2017. En el Ejecutivo reconocen que este proceso no va en línea con la vía de diálogo político que quiere abrir con los indultos como bandera de su predisposición. Por ello, no evitan cualquier descrédito a la institución como peaje al pacto con los independentistas catalanes.
Ayer, durante una entrevista en la cadena Ser, José Luis Ábalos se expresaba así: «Sabíamos que todas estas causas, no dejan de ser piedras también en este camino, pues estaban ahí». Y asumía el reto de ir «desempedrando todo este camino». Ábalos añadía que esa labor tiene que enmarcarse «desde el reconocimiento de los órganos de las instituciones y dentro de la legalidad». Planteaba, además, que «tendremos que ir despejando todos estos problemas, pero siempre sin desprecio al conjunto institucional».
El ministro dejaba claro el mensaje político a la vez que afirmaba que él no iba a «cuestionar la función de los órganos jurisdiccionales». En su entorno insistieron: el ministro se refería a estas causas concretas y no al Tribunal de Cuentas como institución.
Desde el Gobierno se comparte el diagnóstico en clave política que hace Ábalos. Pero en la sala de máquinas jurídica del Ejecutivo alejan cualquier posibilidad de intervención por falta de competencias al respecto: «Ese proceso lleva su curso, nosotros no podemos hacer nada», abundan estas fuentes gubernamentales.
En esta línea quiso expresarse también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que intentó recomponer la situación: «Cada institución, en una democracia solvente y sólida como la española, hace lo que tiene que hacer conforme a su competencia». La Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, podría ir modificando su postura en todas estas causas. Pero hasta el momento no lo ha hecho. Y, en cualquier caso, un cambio en sus posiciones no prejuzga un cambio de decisión por parte de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas reclama a los implicados en la acción exterior ilegal vinculada al 1-O una cantidad por encima de los cuatro millones de euros, de ahí que los partidos independentistas siempre hayan exigido al Gobierno
la paralización de esta causa, que arranca con las condenas en los tribunales ordinarios y las denuncias de varias entidades cívicas catalanas.
Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, ha puesto sobre la mesa del Ejecutivo, no solo la amnistía y el referéndum de autodeterminación, sino también que los responsables de los hechos de 2017, que tensionaron como nunca a la sociedad catalana, en particular, y la española, en general, no tengan que responder personalmente por el gasto de dinero público de unos hechos ilegales.
Para hacer frente a los costes derivados del 1-O (y de la consulta del 9-N de 2014) que reclama la Justicia, el independentismo, a través de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), puso en marcha la llamada caja de solidaridad, que afrontó gastos como las fianzas judiciales, algunos abogados de los acusados, las multas y las reclamaciones del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, este modelo parece estar agotado, la solidaridad tiene un límite, y en los últimos meses la caja de solidaridad –cuyo mecanismo de gestión es totalmente opaco– habría tenido problemas para seguir recaudando.
El Govern catalán surgido tras las elecciones autonómicas del 14-F y presidido por Aragonès premió con cargos públicos a algunos de los implicados y sobre los que pesa la acusación de malversación, como es el caso de Natàlia Garriga, consejera de Cultura y exdirectora de servicios de la Vicepresidencia de Oriol Junqueras, o Tània Verge, consejera de Feminismos e Igualdad y absuelta pese a formar parte de la sindicatura electoral del 1-O.
El tema económico con responsabilidad personal siempre ha sido una de las líneas rojas de los independentistas. El que fuera consejero de Economía y Conocimiento con Artur Mas, Andreu Mas-Colell, es uno de los im