NI A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
EDITORIALES Desde el momento en que el Gobierno optó por aceptar pactos con EH Bildu, públicamente y con fotos, optó también por cancelar una forma digna de entender la política
AYER se celebró en el Congreso de los Diputados el homenaje anual a las víctimas del terrorismo, con la triste novedad de que apenas asistieron víctimas del terrorismo. Las principales asociaciones representativas de las víctimas, incluyendo la AVT, decidieron no acudir como manifestación de su protesta por la política penitenciaria del Gobierno con los presos etarras. Está claro que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene una sensibilidad especial para quienes están encarcelados por atentar contra la democracia, unos con prácticas sediciosas, y otros, con tiros en la nuca. En ambos casos, el resultado llama la atención por sus rasgos comunes. Arnaldo Otegui y Oriol Junqueras son los socios de referencia del PSOE y garantizan la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. La operación política cuadra al milímetro.
El Ejecutivo no podía aspirar a una reacción distinta de las víctimas del terror. Ver a Bildu –cuya portavoz se quiso retratar ayer en el Congreso– firmando pactos con los socialistas, ver a Otegui reconvertido en adalid de la estabilidad de Pedro Sánchez y ver las bienvenidas –‘ongi etorri’– a presos sanguinarios excarcelados son un golpe tras otro en el ánimo y la memoria de cada víctima del terrorismo. Además, las explicaciones oficiales de los acercamientos de presos etarras al País Vasco son cínicas. Es legítimo y legal que el Gobierno valore de forma individual las circunstancias de cada preso para concluir si merece o no una mejora en su situación penitenciaria. Ninguna asociación de víctimas se ha opuesto nunca a la aplicación de la ley. Es lo que llevan pidiendo siempre y en esa actitud reside su autoridad moral. Lo que no es admisible es que las decisiones del Ministerio de Interior afecten a grupos de presos etarras, como si lo importante fuera el ‘colectivo’, no la actitud de cada preso, y el objetivo final consistiera en entregar al Gobierno vasco la decisión última de excarcelar. Sin petición expresa de perdón, sin arrepentimiento, sin colaboración activa con la Justicia, cada acercamiento de un preso terrorista es una ofensa para las víctimas de sus crímenes, muchos sin resolver. No verlo así es una muestra más de la falta de empatía del Gobierno con las víctimas de ETA y del resto de organizaciones terroristas, y explica la indiferencia de La Moncloa a su clamor por un cambio de actitud que deberían dar por perdido.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere pasar página a la parte de la historia de España que le estorba para sumar socios y votos, es decir, las historias de ETA y del golpismo separatista. Cuando Sánchez pide mirar al futuro, realmente quiere una amnesia colectiva, y también selectiva, porque se empeña a fondo en revivir día tras día la Guerra Civil, las cunetas y el franquismo para seguir sembrando la división y la discordia. Acercar etarras e indultar a golpistas son caras de la misma moneda, de una política de alianzas entre extremos antidemocráticos liderada por el PSOE, algo que puso en marcha Rodríguez Zapatero con el pacto del Tinell.
Desde el momento en que el Gobierno optó por aceptar pactos con EH Bildu, públicamente y con fotos, optó también por cancelar una forma digna de entender la política, la que debería estar basada en el escrúpulo democrático de no deber nunca nada a quienes, a día de hoy, siguen legitimando el terror de ETA y no piden perdón. Pedro Sánchez les debe La Moncloa. Por eso es lógico que un representante de Bildu estuviera ayer en el Congreso de los Diputados, porque funciona el ‘quid pro quo’ del Gobierno con los proetarras.