CATALUÑA, DESENCHUFADA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Las imágenes de decenas de molinos en mares bálticos no sorprenden, pero pocos se imaginan un parque eólico frente a Doñana, el cabo de Gata o la costa da Morte. Ahora, una iniciativa con 35 aerogeneradores frente a las idílicas calas de la Costa Brava puede convertirse en el primer macroproyecto de estas características en el mar español. El gigantesco plan, bautizado como Parc Tramuntana, sería rompedor por la tecnología flotante –existen tres proyectos similares, y ninguno en España–, por su tamaño –este se convertiría en el mayor del mundo– y por su impacto visual. Las máquinas producirían 500 megavatios, o lo que es lo mismo, el 45% de la demanda actual de energía de Gerona. Sería, sin duda, una importante inyección de electricidad para un territorio, el catalán, descuidado claramente de sus necesidades energéticas.
Cataluña, de hecho la provincia depende en gran parte de la Generalitat, que es la encargada de avalar todo plan de menos de 50 megavatios, que son los más comunes en Cataluña por la complejidad de su territorio, denso y plagado de zonas protegidas. Sin embargo, para cumplir con los objetivos europeos, cada año deberían ponerse en servicio en territorio catalán unos 600 megavatios de fotovoltaica y otros 400 de eólica, estiman a ABC expertos del sector. «Aquí tenemos viento y sol pero no desarrollamos proyectos, a diferencia de lo que ocurre en el resto de España», lamenta Jaume Morrón, gerente de la asociación EolicCat, que agrupa a las empresas del sector. El motivo, recuerda la entidad, son las trabas puestas por la Generalitat. Hasta hace poco el territorio catalán contaba con una de las leyes más estrictas de España, en vigor desde 2009 y que, a modo de ejemplo, no permitía la promoción libre de proyectos de más de diez megavatios. Además, a diferencia de otras autonomías, Cataluña cuenta con la Ponencia de Energías Renovables, un órgano que avala anteproyectos y los filtra teniendo en cuenta su impacto ambiental o agrícola, entre otros aspectos.
Tras años sin avance, el Govern acabó derogando la compleja ley a