Escrivá desbloquea la parte fácil, las medidas duras están por llegar
▶ El castigo al retiro anticipado se aplaza a 2024 y queda pendiente la subida de impuestos al empleo
La estrategia de Escrivá de dividir en dos fases la reforma ha levantado una marea de críticas por dejar las medidas más urgentes y duras para el final. En esta idea se centraron las críticas del catedrático y subdirector de Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz, que la semana pasada destacó que lo pactado es «la parte más fácil de la reforma». Antes de final de año se garantizará la revalorización de las pensiones con el IPC y se premiará el retraso del retiro, pero el golpe a la jubilación anticipada se pospone al 1 de enero de 2024 y con un periodo de aplicación progresivo de diez años. Se aplaza así una de las medidas más polémicas junto a la subida de impuestos al empleo para sueldos de más de 49.000 euros y ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, que se pondrán en marcha antes de que acabe 2022.
Estas son las nuevas medidas:
El pacto garantiza la revalorización con el IPC del año anterior para los jubilados, renunciando a exigir ajustes en los casos en que los precios bajen. Se deroga así el índice de revalorización de la reforma de 2013 que obligaba a subir las nóminas un 0,25% si las cuentas no estaban equilibradas.
Los coeficientes reductores se endurecen para los que se jubilen 24 o 23 meses antes del límite legal y el recorte llegará al 21% (ahora 16%); a partir de ahí el castigo cae en algunos casos. Por ejemplo, quien deje el mercado laboral 22 meses antes de la edad legal verá que su pensión mengua un 14,67% y no el 16%. Las penalizaciones comienzan a aplicarse por cada mes en lugar de por cada trimestre, pero no serán efectivas hasta 2024 y se aplicarán de forma gradual en diez años, hasta 2033. Los despedidos por el Covid se librarán del golpe.
Retrasar el retiro tendrá premio. Se fija una prima que se abonará de una sola vez de hasta casi 11.000 euros
(en el caso de 37.567 euros de pensión) por cada año de retraso. Si el trabajador ha cotizado más de 44,5 años, el incentivo llegará a 12.060 euros por cada año de aplazamiento. Por ejemplo, en una pensión de 9.569 euros el pago único sería de 4.786 euros y de 5.264 con más de 44,5 años cotizados. Para una pensión media de 20.000 euros, esta prima única sería de 7.482 y 8.230 euros, respectivamente en función de los años cotizados. Se podrá optar por un aumento vitalicio del 4% de la base reguladora de la pensión por cada año que se retrase el retiro (hoy el incentivo está entre el 2% y el 4%). Y podrán combinarse las opciones.
Ni las empresas ni los trabajadores con más de 65 años que siguen trabajando pagan cotización por contingencias comunes, salvo incapacidad temporal. Ahora, los periodos no cotizados se computarán como cotizados para la futura pensión.
Los despedidos antes del 1 de abril de 2013 que no hubieran encontrado empleo seguirán accediendo a la jubilación a los 61 años, es decir con las condiciones fijadas antes de la reforma de 2011, que elevó a 67 años la edad legal de retiro. Se les da una solución definitiva.
Las empresas no podrán jubilar a menores de 68 años salvo en sectores en los que las mujeres representen menos del 15% de los empleados. Hay dos condiciones. La primera, que la baja laboral lleve aparejada la contratación fija y a tiempo completo de al menos una mujer y, la segunda, que el que se jubila tenga derecho al 100% de la pensión.
Será a partir del 1 de enero de 2022 y tras pactarse en el diálogo social un esquema de tramos.
En seis meses habrá regulación para dar acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho y equiparar sus condiciones a las que disfrutan los matrimonios. En tres meses un reglamento garantizará que la actividad de los becarios, incluso si no es remunerada, esté incluida en la Seguridad Social. Se fija descuento del 75% en las cuotas.
En la hoja de ruta de Escrivá está subir los impuestos al empleo para los sueldos más altos (más de 49.000 euros) y ampliar los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión (25 años en 2022), dos de las decisiones que más ingresos y ahorros supondrán para las dañadas cuentas de la Seguridad Social. No será inmediato, su puesta en marcha será a lo largo de 2022.