El holding público estuvo más de 500 días sin presidente tras la dimisión en octubre de 2019 de Vicente Fernández

uno de sus mecanismos estrella dentro del real decreto-ley de medidas urgentes para la reconstrucción de la economía española tras el virus. Una medida apoyada por Bruselas en línea con la actuación que el resto de grandes economías de la UE estaban ya facilitando a sus compañías estratégicas y que los empresarios celebraron como bote salvavidas. De esta forma, el Gobierno salvaría a las empresas a través de la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital.

Una misión en la que involucraba a la SEPI, el holding público que gestiona Hacienda con participación mayoritaria en 15 empresas (Navantia, Correos) y presente en el accionariado de grandes cotizadas como Indra y Enagás, «que se encargaría del análisis y valoración de las operaciones, previos a la resolución por el consejo gestor», según detalla la orden ministerial que da lugar al mecanismo. Un consejo gestor al que la empresa pública acudía descabezado, sin presidente desde octubre de 2019 por la dimisión de Vicente Fernández –tras la reapertura de la investigación de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar–. Por lo que su segundo de a bordo, Bartolomé Lora, asumía el liderazgo de la mesa.

Tras un verano de concreciones y después de solventar el ‘anunciado’ rescate de Air Europa en noviembre, los expedientes de las empresas en crisis empezaban a desatarse, con una pandemia que se perpetuaba en su segunda ola. Pero todo seguía su curso, hasta que en marzo saltó el escándalo de Plus Ultra y, el fondo de rescate empezó a cubrirse de tintes políticos. Para intentar resolver la polémica, la ministra de Hacienda nombró el 30 de marzo presidenta de la SEPI a Belén Gualda, hasta entonces titular de Navantia, y la entidad empezó a reordenar los procedimientos del fondo con el fin de evitar más casos como el de la aerolínea.

Entonces, como aseguraron fuentes empresariales y relató este periódico, algunos de los expedientes más avanzados fueron los que pagaron los platos rotos. «Cuando antes de la concesión a Plus Ultra te pedían un papel, ahora te piden treinta», detallaron a ABC fuentes cercanas a una empresa solicitante. ¿Resultado? Tres meses y medio sin rescates. Aunque, según los mismos informantes, el Consejo Gestor ya hace semanas que ha vuelto a reunirse para estudiar los casos empresariales y esperan que durante el mes de julio se reactive la firma de ayudas. Para empresas como Abengoa puede ser muy tarde: en mayo a duras penas pudieron cobrar sus 13.500 empleados. Algunos de ellos viajarán mañana a Madrid desde Sevilla para manifestarse ante la sede de la SEPI y pedir el desbloqueo.