Se levanta la veda judicial
lo largo del último lustro, la práctica cinegética ha estado sujeta al escrutinio judicial. Varios marcos normativos han llegado a los tribunales puestos en cuestión desde distintas entidades, con una sucesión de varapalos contra la administración autonómica. El momento más conflictivo llegó hace dos años, cuando como medida cautelar se imponía la veda en la Comunidad por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Las Cortes dieron entonces una solución temporal al conflicto mientras se elaboraba a contrarreloj y sin esperar a las resoluciones pendientes una nueva Ley de Caza que diera amparo jurídico a esta actividad y cuyo proyecto hace unos días salía adelante con un importante consenso político poco habitual en estos tiempos en el Hemiciclo. La norma echa a andar sin ningún voto en contra. Podemos se abstuvo y el resto dio su visto bueno.
El proyecto de ley de caza y de gestión sostenible de los recursos cinegéticos «viene a consolidar la caza como actividad esencial» para el medio rural y la conservación de los ecosistemas dotando a esta práctica de «más seguridad jurídica» tras años en los que «nos han dado palos por todos los costado», apunta el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, quien celebra ese consenso político que ha imperado en torno a la norma. Con ella, entiende que se promueve una caza «más racional y más razonable» a través de un texto «moderno» que cree que es «uno de los mejores de España».
Sea como fuere la norma cierra años de tensión en los tribunales en torno a la caza, con la realización de adecuados planes cinegéticos que dan respuesta a los varapalos judiciales. Al menos en principio, ya que es susceptible este nuevo marco legal de empezar otro periplo judicial como su antecesor, cuya última modificación acabó ante el Constitucional hace unos meses.
En concreto hace cuatro años, el TSJ de Castilla y León anuló algunos artículos del decreto para la conservación de las especies cinegéticas, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre a iniciativa de Ecologistas en Acción. Como respuesta a ese fallo, la Junta dictó entonces un nuevo decreto para
Aajustarse a la sentencia, pero el nuevo marco legal llegó a la misma Sala del Tribunal Superior de Justicia poco después, en este caso de la mano de Pacma y con un efecto práctico mucho más notorio. Esta vez, en 2019, el TSJ acordaría como medida cautelar la suspensión de la caza en todo el territorio de la Comunidad.
Esta segunda sentencia dio lugar a una réplica política. Mientras se avanzaba en la nueva ley aprobada la semana pasada, las Junta promovió una modificación de la anterior ley de caza para poder levantar la veda al amparo de esta normativa que no estaba sujeta a examen. La solución salió adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos y PSOE en las Cortes, aunque no estuvo libre de polémica y de nuevo su camino se cruzó con los tribunales.
Es a partir de este momento cuando los varapalos en contra de la regulación autonómica de los últimos años dan un giro y los pronunciamientos comienzan a ser favorables. Primero llegó en el mes de mayo de 2020 una sentencia del Supremo en la que se admitía el recurso de la Junta y se pronunciaba en contra de la anulación por parte del TSJ en 2017 de ese primer decreto regulatorio que dio inicio a las sucesivas iniciativas y modificaciones.
Poco después llegaría un segundo pronunciamiento, en este caso del Tribunal Constitucional, contra dos cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por el Defensor del Pueblo y el TSJ de Castilla y León contra la citada modificación exprés de la antigua ley de caza, aprobada en Cortes para reactivar la actividad cinegética tras sus suspensión cautelar, con un nuevo fallo a favor de la administración autonómica. La nueva norma deja ya vacío el debate.