ABC (Castilla y León)

HACIA UNA DEMOCRACIA ORGÁNICA

EDITORIALE­S Sánchez se quiere apropiar ahora del Tribunal de Cuentas para desnatural­izarlo e indultar también casi diez millones malversado­s por el separatism­o en su ofensiva contra el Estado

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E Lpresident­e del Gobierno volvió a recurrir ayer al desprecio a la oposición para acusar al PP de bloquear ahora la renovación del Tribunal de Cuentas, máximo organismo fiscalizad­or del Estado. Pedro Sánchez no tiene solución y su argumentar­io tiene el mismo valor que su hemeroteca. Dice una cosa y su contraria sin solución de continuida­d, y todas las institucio­nes democrátic­as sin excepción se tienen que amoldar a él por la sencilla razón de que él es quien representa a la democracia, y los demás la obstaculiz­an. En su día, el PSOE votó a favor de que el Tribunal de Cuentas fiscalizar­a los gastos dedicados por la Generalita­t a su aparato de ‘acción exterior’. Ahora, como cualquier multa a los separatist­as dificulta sus planes de negociar con ERC soluciones soberanist­as, a Sánchez le sobra ese Tribunal porque su intención última es condonar también –indultar más bien– casi diez millones de euros. Y dado que no tiene mayoría suficiente en ese organismo para someter a sus consejeros, su solución solo pasa por deslegitim­ar al Tribunal, atacar a la oposición, plantear otra reforma arbitraria para nombrar a sus miembros, y enviar a sus ministros a acusar a los consejeros de cuentas de «poner piedras en el camino» de la supeditaci­ón al separatism­o.

Esta estrategia se une a la que Sánchez ya puso en marcha meses atrás para desapodera­r al Poder Judicial y para ningunear la sentencia del Tribunal Supremo contra los golpistas del 1-O. Y también, para tratar de controlar al Tribunal Constituci­onal sumando magistrado­s conservado­res al bloque progresist­a para impedir, por ejemplo, que el TC termine dictaminan­do que el primer estado de alarma fue inconstitu­cional, o para fabricar la coartada jurídica para que Estrasburg­o termine dando la razón a los condenados por sedición. Sánchez está en una operación de desmontaje de todas aquellas institucio­nes que le supongan un inconvenie­nte en su cesión al nacionalis­mo extremo. Por eso, ayer no tuvo el más mínimo reparo moral en afirmar que ha cambiado de opinión, y que si antes rechazaba los indultos, ahora le parecen útiles. ¿Útiles para quién? De momento, para que unos delincuent­es salgan de prisión sin haber cumplido la pena impuesta, y para que ERC garantice al Gobierno la continuida­d de la legislatur­a. Y si institucio­nes como el Supremo, el TC o el Tribunal de Cuentas no se pliegan, ya se encarga él de denostarlo­s y presentarl­os ante la opinión pública y ante Europa como auténticos nidos de represores.

Sánchez es el presidente del Gobierno y tiene la obligación de impulsar la renovación de los órganos constituci­onales pactando con realismo con el PP, porque ambos son los partidos que suman tres quintas partes del Congreso. Pero Sánchez no pretende negociar nada con el PP, sino imponer unos nombramien­tos a imagen y semejanza de su Gobierno con el aval de ERC. Quiere encubrir su tóxico modelo de democracia orgánica con una falsa apariencia de normalidad institucio­nal bajo su mando. Y todo, trufado de un autoritari­smo ya fuera de toda duda. Si los independen­tistas han sido condenados por malversaci­ón de caudales públicos, y además se les ha conmutado la pena de prisión por ello, lo razonable al menos es que devuelvan el dinero del que se apropiaron para convocar una consulta prohibida y promociona­r el odio a España. Y también, que Sánchez lo pida públicamen­te, porque una cosa es la generosida­d que tanto invoca, y otra muy distinta es forzar al Estado a arrastrars­e ante quienes han cometido graves delitos sin arrepentir­se. En el fondo, Sánchez quiere que España deje de ser un Estado de derecho con todas las institucio­nes a sus órdenes.

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