Sánchez logra un pacto ‘light’ en pensiones para calmar a Bruselas
▶El Gobierno aprobará el día 6 una reforma que liga las nóminas al IPC y traslada el déficit del sistema a los impuestos, 21.000 millones al año ▶El comité ejecutivo de la CEOE deberá ratificar hoy el acuerdo Puesta de largo a final de esta semana y la pr
El acuerdo en pensiones es ya una realidad y permitirá a Pedro Sánchez presentar a Bruselas una de las principales exigencias para recibir nuevas entregas de fondos europeos. A falta de ratificación hoy por el comité ejecutivo de la CEOE, el Gobierno y los agentes sociales cerraron ayer, tal como avanzó ABC, los últimos flecos pendientes para alumbrar la primera parte de una reforma descafeinada que nace con críticas por su falta de ambición. Las medidas más duras se aplazan para una segunda ronda, una vez sepultada la esencia de la reforma del PP de 2013, el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad.
Con este primer paquete de medidas el Ejecutivo cierra una de sus grandes promesas: garantizar a los jubilados la revalorización de sus nóminas con el IPC, pero a cambio se imponen fuertes recortes en las jubilaciones anticipadas voluntarias, que llegarán hasta el 21% para las rentas más altas si se adelanta el paso al sistema dos años antes de la edad legal de retiro.
Volver a indexar las pensiones no saldrá gratis. Escrivá ha diseñado unos cambios para un horizonte de 25 años, hasta 2050, año en el que se producirá el mayor pico de gasto en prestaciones por efecto del retiro de los hijos del ‘baby boom’. A partir de ahí se espera que el gasto comience a descender con fuerza. Pues bien, ligar las rentas al IPC tendrá un coste estimado de 2,5 puntos del PIB en este periodo, un ascenso del gasto en el que tendrá mucho que ver la incorporación de los nacidos entre 1960 y 1975 al sistema. Los redactores de la reforma estiman que el impacto económico se compensará en parte con las reformas paramétricas para penalizar el retiro voluntario y con las inyecciones que el sistema recibirá del Estado cada año. Los denominados ‘gastos impropios’ de la Seguridad Social se trasladan a los impuestos a razón de unos 21.000 millones al año, el equivalente al 2% del PIB. A finales de este año se habrán inyectado ya casi 14.000 millones, tal y como estaban recogidos en los Presupuestos, y cada año el dato irá aumentando hasta la cifra acordada con Hacienda. Todas estas proyecciones están, no obstante, muy cogidas con pinzas dado el dilatado escenario previsto para la aplicación de los cambios y la incertidumbre que ello comporta.
El espíritu de la reforma es alinear la edad ordinaria y la efectiva de jubilación con incentivos a la ampliación de la vida laboral de los españoles con el objetivo de aumentar la participación de los mayores en el mercado de trabajo. Los redactores de la norma esperan que con sus medidas en 2050 la edad real aumente en dos puntos, desde
Habrá puesta de largo, tal y como informó ABC. El Gobierno prepara ya la escenificación de un pacto con el que Escrivá gana enteros frente a su homóloga de Trabajo, Yolanda Díaz, que no logra convencer a los empresarios de la «necesaria» derogación de la reforma laboral. Una vez se presente la primera reforma ante las autoridades europeas será aprobada por el los 64 actuales hasta los 66 años (la edad legal se situará en 67 años en 2027).
En este punto, el Gobierno ofrecerá hasta 12.000 euros anuales a aquellos trabajadores que decidan postergar su jubilación y permanecer activos más allá de la edad legal de retiro. La norma dará opción al trabajador de elegir esta fórmula o bien optar por un aumento del 4% de la base reguladora de su pensión por cada uno de estos años que retrase su retiro (en la actualidad este incentivo está entre el 2% y el 4%). Podrán mezclar las dos posibilidades,
Consejo de Ministros y con este visto bueno bajo el brazo Escrivá rendirá cuentas ante el Pacto de Toledo. Como adelantó ABC, el ministro busca un acercamiento con el PP después de que la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, insistiera a Sánchez, durante la aprobación del plan de recuperación, en la necesidad de presentar reformas pactadas en el terreno político. una parte en pago único y otra como alza de la pensión vitalicia
El esperado acuerdo llega, no obstante, entre las advertencias de los expertos sobre su falta de ambición para equilibrar un sistema abocado a soportar muchos más gastos que ingresos por el envejecimiento de la población y la precariedad del mercado laboral. La estrategia de Escrivá de dividir en dos fases la reforma ha levantado de hecho una marea de críticas por dejar las medidas más urgentes y duras para el final. Voces como la del catedrático y subdirector de Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz, afearon al Ejecutivo la semana pasada que se haya centrado en «la parte más fácil de la reforma». Una de las claves en este sentido será la derogación del demonizado factor de sostenibilidad, que será sustituido por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.
Pero el acuerdo final recoge que el texto normativo incluya la derogación del factor diseñado por el PP solo cuando la primera parte de reforma entre en vigor, lo que se espera para enero de 2022. Antes de que acabe este ejercicio ya deberá estar operativa la nueva fórmula, aunque el texto pactado apunta que no comenzará a tener efectos hasta 2027, en plena jubilación de la generación del ‘baby-boom’.
La herramienta que diseñó la reforma de 2013 ligaba la pensión inicial a