Cuatro de cada diez euros que lleguen de la PAC irán a parar a políticas verdes

▶ Los ministros de Agricultura de la UE culminaron ayer tres años de negociaciones

Fin a tres largos años de negociaciones para fijar las reglas de juego de la nueva PAC (Política Agraria Común) 2021-2027, que no entrarán en vigor hasta el próximo 1 de enero de 2023 y de la que se beneficiarán 695.000 agricultores y ganaderos españoles. Los ministros de Agricultura de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE) avalaron ayer el principio de acuerdo alcanzado el viernes, entre las críticas y el escepticismo de las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA). En concreto, estos acordaron que el 40% de todos los fondos de la PAC –solo España recibirá un montante total de 47.724 millones de euros para el periodo 2021-2027– se dediquen a las políticas medioambientales y climáticas. Mientras que, en el caso de los ‘ecoesquemas’, estos serán el 25% de las ayudas directas aunque se ha flexibilizado esta condición para países como España en 2023 y 2024.

Hay más novedades: en lo referente al nivel de convergencia interna de las ayudas, los ministros de Agricultura de los 27 acordaron un mínimo del 85% en 2026. En este contexto, Bruselas ya ordenó en diciembre, en sus recomendaciones al futuro plan estratégico español, que las regiones de pago se reduzcan drásticamente. España organiza los pagos de la PAC en 50 regiones de pago. Solo Grecia tiene más de una. Concretamente, cuatro. De igual forma, también los ministros dieron luz verde al establecimiento de un tope máximo a las ayudas de 100.000 euros por perceptor. Además de establecer en el 20% de las ayudas el denominado ‘pago redistributivo’, como apoyo a las medianas y pequeñas explotaciones.

Otros logros destacados de un consejo de Agricultura, que se celebra hasta mañana en Luxemburgo: el mantenimiento de las ayudas acopladas en hasta el 15%, incluyendo los referentes a los cultivos de alto valor o que el 3% de todas las actuaciones previstas irán dirigidas a jóvenes (ayudas de hasta 100.000 euros por nueva instalación). De igual forma, se mantienen los programas sectoriales para el vino, la apicultura –con un incremento de su dotación– y el de frutas y hortalizas. En paralelo, se ha introducido un nuevo programa para el aceite. También se han alargado los derechos de plantación de viñedo de 2030 a 2045.

Luis Planas, ministro de Agricultura, lo reconoció ayer entre líneas: defendió que lo pactado en Luxemburgo era «un buen acuerdo» para España, pero pidió un gran pacto alrededor del plan estratégico u hoja de ruta de la aplicación de la PAC en España, que deberá entregar antes de final de año a Bruselas. No lo va a tener sencillo en este aspecto.

Para el director de Relaciones Internacionales de Asaja, Ignacio López, «la mejor noticia es que haya habido un acuerdo, ya que permite avanzar». Sin embargo, el representante de la organización agraria mayoritaria critica el elevado rol de las políticas medioambientales (a las que se dedicará el 40% de todos los fondos). «Es un 10% más que el resto de políticas europeas, el Pacto Verde lo fijó en un 30%», apunta López, quien lamenta que los agricultores y ganaderos tendrán que hacer «un esfuerzo aún mayor», cuando sus rentas no llegan al 50% de la media de las de muchos sectores económicos. Todo ello, denuncia, con un presupuesto que se ha reducido en términos de euros constantes en un 10% con respecto al periodo 2014-2020.

Por su parte, desde COAG criticaron que la nueva PAC «no es justa, ni social», y advirtieron de que acelerará el «proceso de ‘uberización’ del campo español y europeo». UPA añadió el viernes que la nueva PAC «abre posibilidades» a los pequeños y medianos agricultores, aunque pidieron esperar a la letra pequeña y elogiaron algunas medidas como destinar el 3% del presupueto a los jóvenes.