Lesmes dice que la «lucha partidista» pone al CGPJ en una «situación insostenible»

▶En su defensa de la independencia judicial, critica al presidente del Gobierno por tildar de «venganza» la oposición del Supremo a los indultos Carlos Lesmes

Pocos discursos han sido tan claros y directos como el que ayer pronunció Carlos Lesmes en la apertura del Año Judicial en el Palacio de las Salesas. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo dejó a un lado la diplomacia y ornamentos habituales en este solemne acto, presidido por el Rey, para reivindicar la independencia judicial y la obligación de los partidos de renovar ya –«en las próximas semanas»– el órgano de gobierno de los jueces. «La situación es insostenible», dijo Lesmes en presencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, y del líder del PP, Pablo Casado, entre otros, en la que fue su octava inauguración del curso judicial, la tercera en funciones.

No faltaron en su discurso referencias a los ataques que el Poder Judicial ha tenido que soportar en los últimos meses, entre ellos el del presidente del Gobierno tildando de «revancha» la oposición del Supremo a los indultos de los condenados del ‘procés’. Tampoco al «debilitamiento» al que está abocando al Consejo la «lucha partidista» ni el daño que ha hecho al funcionamiento de la institución la última reforma de la ley del poder judicial que le impide hacer nombramientos estando en funciones.

«La urgencia de esta reforma y su propio contenido se han querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de nuestra institución, como ocurre con el Gobierno en funciones, ignorando que el Consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos», recordó el presidente del TS.

Problemas reales

Con el hastío de mil días de un Consejo caducado y la lógica «preocupación» ante la imposibilidad de seguir desempeñando sus funciones constitucionales con normalidad (solo en el Supremo hay que cubrir 11 plazas de las 79 existentes), Lesmes puso el foco en los partidos y en el necesario entendimiento para cumplir la Carta Magna. Pero antes recordó, en el contexto de la independencia que nos pide Bruselas en el sistema de elección del CGPJ, que «los jueces españoles son también europeos» y «su independencia no puede ser comprendida plenamente sin la perspectiva de su acogimiento a las normas internaciones y de Derecho Europeo, así como en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Lesmes recordó que esa independencia judicial respecto al poder político «es garantía de la división de poderes» y «puede y debe servir de dique de contención también para la presión política o para los condicionantes derivados del órgano o autoridad que ha nombrado al juez, en nuestro caso del propio Consejo General del Poder Judicial, responsable de los nombramientos».

«Más necesaria que nunca»

A su juicio, esa reivindicación de la independencia judicial «es hoy más necesaria que nunca» por cuanto la labor de la justicia se pone en ocasiones en entredicho, especialmente desde algunas instancias políticas, «cuando las decisiones judiciales se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o simplemente no son de su agrado». Es en este contexto donde se ha referido de forma explícita a las palabras

Presidente del Tribunal Supremo

Fiscal general del Estado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunció en Bruselas el pasado 25 de mayo, cuando, para justificar los indultos y criticar la oposición del Supremo a los mismos, dijo que «la venganza no es un valor constitucional».

Para explicar la indulgencia, señaló Lesmes ayer, «se ha llegado a contraponer la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas. Nada más alejado de la realidad. La función de los jueces y magistrados, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, con independencia absoluta de influencias externas o internas, políticas o de cualquier otra índole, no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría». Por eso la justicia no es, ni ha sido «nunca, continuó, un obstáculo para la paz», sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y la convivencia pacífica entre los ciudadanos.

Ahondando en la necesaria renovación del CGPJ, el presidente del Supremo pidió a los partidos que el CGPJ «desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas alcancen en las «próximas semanas» el acuerdo necesario para la renovación. Para ello apeló al «patriotismo constitucional y a la generosidad» de los que tienen en su mano el acuerdo, es decir, PSOE y PP, pues la renovación, pendiente desde diciembre de 2018, exige mayoría cualificada de tres quintos.

«La función de los jueces no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor»

«La independencia judicial es garantía de la división de poderes y puede y debe servir de dique de contención también para la presión política»

«La justicia no puede convertirse en un campo de batalla de la contienda política»

Una intervención plana

Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, señaló que la justicia «no puede convertirse en un campo de batalla de la contienda política». En pleno cuestionamiento de

su idoneidad para el cargo –el mes que viene el Supremo estudia los recursos de PP y Vox contra su nombramiento– Delgado optó por una intervención muy plana sin referencia alguna a la investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo a Juan Carlos I ni a la posición contraria del Ministerio Público a la concesión de los indultos.

La fiscal general se limitó así a exponer los datos de la Memoria del Ministerio Público relativos a 2020 con especial mención a las actuaciones desarrolladas como consecuencia de la pandemia y que se desarrollan de forma profusa en la siguiente página.

La apertura del Año Judicial estuvo marcada, como la anterior, por restricciones derivadas del Covid, con lo que no hubo el tradicional cóctel posterior a los discursos. A la ceremonia asistieron los magistrados del Tribunal Supremo, fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia de dicho órgano; vocales del CGPJ, los expresidentes del Tribunal Supremo Pascual Sala y Gonzalo Moliner y, entre otras autoridades, el presidente del Senado, Ander Gil; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; y la ministra de Justicia, Pilar Llop. constitucionales que están todavía pendientes», insistió.

Ante un cambio en el sistema de elección de los vocales para que los de procedencia judicial sean elegidos por los jueces, tal y como quieren PP, Ciudadanos, tres de las cuatro asociaciones judiciales y, sobre todo, pide Bruselas, Llop apuntó que «este (en referencia al actual, parlamentario) es el modelo que tenemos ahora mismo vigente, avalado por el Tribunal Constitucional». Emplazó al PP a que se renueve y «luego se puedan explorar otros modelos», pero siempre desde el Parlamento.

Aplazar el debate

«Renovemos los órganos constitucionales y abramos posteriormente los debates y expliquemos con transparencia, democráticamente, a la ciudadanía, y en el lugar en el que hay que explicarlo, que es en el Congreso y en el Senado, qué modelos hay y que el propio poder legislativo elija el modelo que más le convenga. Nosotros defendemos el modelo vigente porque está avalado por el Tribunal Constitucional». La ministra dijo que no contempla «otra posibilidad» que no sea la de que se renueve «inmediatamente» el CGPJ, «en los próximos días o en las próximas semanas».

La «oferta» sobre el estudio de una reforma legal después de la renovación no se hizo esperar por parte del portavoz de Justicia del PP, Enrique López. Tras tildar la intervención de Lesmes de «un gran discurso del que hay que tomar nota», López pidió al Gobierno y al PSOE que «dejen de insultar al PP» acusándole de «secuestrar» las instituciones. «Pedimos al presidente que deje de insultar al PP diciendo que es un partido que está fuera de la Constitución, y eso viniendo de un presidente que realiza pactos con independentistas y con herederos de batasuna es paradójico».

Aseguró que su partido está totalmente de acuerdo en renovar el Consejo (con el actual sistema) «y, a la vez», reformar la ley orgánica del poder judicial para cumplir con el estándar mínimo en el que los jueces sean elegidos por sus iguales a través de elecciones directas. Insistió en que renovación y reforma han de hacerse en paralelo y que de hecho, podrían llevarse a cabo a la vez. Recordó el dirigente popular que si el CGPJ está en la situación en la que se encuentra, sin poder hacer nombramientos, es precisamente porque el Gobierno tramitó en mes y medio esta reforma. «Si tenemos voluntad de reformar la ley se puede hacer en el mismo tiempo en el que se renueva el CGPJ», insistió.

Por su parte desde Ciudadanos señalan que el PP tiene la obligación de «no sentarse» a renovar y son partidarios de que se mantenga la presión al Gobierno para que se cambie el sistema de elección, como pide Bruselas.