La caída general de asuntos por el parón aumenta las dilaciones en los procesos judiciales

El 46 por ciento de los juicios en juzgados de lo penal que estaban señalados el año pasado se suspendieron por razón de la pandemia, igual que acabaron cancelados el 41% de los que se habían previsto en las Audiencias Provinciales, tasa inédita.

Así lo recoge la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2020, un año atípico marcado por el parón de los plazos procesales que si bien era de un trimestre, trajo cola durante todo el ejercicio, pues esas vistas aplazadas se encontraron con «serias dificultades para su celebración» posterior «pese a la potenciación de los medios telemáticos».

En su informe, la Fiscalía General del Estado alerta sobre el «efecto perjudicial que ocasionan las suspensiones al incidir directamente en la organización de las fiscalías y de los órganos judiciales, junto a la insatisfacción y molestias a la ciudadanía». «Se traduce en un efecto negativo en los tiempos de respuesta penal frente a los hechos delictivos que conlleva un evidente debilitamiento de la prueba y la apreciación de la circunstancia de dilaciones indebidas, lo que este año se ha visto aumentado en la misma proporción», apunta.

Con todo, las cifras de las distintas fiscalías que arroja 2020 difícilmente sirven como referencia: prácticamente todos los asuntos han experimentado notables descensos, sin que ello pueda interpretarse como una caída real de la criminalidad. Al final, el año pasado se incoaron 1.068.785 procedimientos de diligencias previas, 185.249 urgentes, 297.744 por delitos leves y 2.443 de procedimientos ordinarios. Los fiscales incoaron 12.308 diligencias de investigación que se cerraron de media en 135 días, formularon 242.846 escritos de acusación y asistieron a un total de 332.888 señalamientos.