La Fiscalía pide 59 años de cárcel por el saqueo de Mercasevilla
▶ Reclaman más de 4 millones a altos cargos del gobierno socialista por desviar ayudas del caso ERE
Cincuenta y nueve años. Es el tiempo total que deberían pasar entre rejas los once acusados para saldar su deuda con la Justicia por el supuesto ‘saqueo’ de ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a la empresa Mercasevilla para aligerar su plantilla. Así lo ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción en un escrito dirigido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que pide abrir un juicio oral sobre la pieza separada de la macrocausa penal de los ERE irregulares que se centra en los 14,5 millones de euros otorgados «extramuros de la legalidad» por parte del Gobierno socialista de Manuel Chaves para financiar dos ERE de la lonja hispalense.
En su informe de 59 páginas, facilitado a ABC, el Ministerio Público reclama siete años de prisión y 18 de inhabilitación absoluta para el conseguidor del caso ERE y exdirigente de la UGT, Juan Lanzas, y la misma pena para el que fuera director gerente de Mercasevilla desde 2002 hasta 2009, Fernando Mellet. Les atribuye supuestos delitos continuados de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Lanzas ingresó 492.655 euros a través de las suculentas comisiones que cobró como intermediario ante la Junta para conseguir ayudas para Mercasevilla. Para ello creó un «entramado societario» que se dedicaba a emitir facturas sobre obras de reforma en el mercado e informes inexistentes, subterfugios para justificar el desvío de las subvenciones. Un testigo del caso Mercasevilla declaró que su madre iba alardeando en su pueblo de origen, Albanchez de Mágina, de que su hijo tenía «dinero para asar una vaca».
En esta pieza, pendiente de que la Audiencia Provincial de Sevilla ponga fecha al juicio, hay nueve acusados más. Entre ellos, el exsubdirector de Mercasevilla, Daniel Ponce, que se enfrenta a 6 años y 6 meses de prisión, y Antonio José Albarracín Muñoz, el exdirectivo de la mediadora Vitalia. También se sentará en el banquillo Antonio Garrido Santoyo, exsecretario de Política Municipal del PSOE en la localidad jienense de Baeza, al que su amigo Lanzas coló «con la connivencia de directivos de Mercasevilla como ‘polizón’ en un ERE de la empresa.
El primer intruso
De no haberse descubierto el escándalo a finales de 2010, cuando la juez Mercedes Alaya investigaba un soborno a empresarios por parte de directivos de la lonja, Garrido Santoyo habría cobrado 834.332 euros de la Junta de Andalucía sin haber puesto nunca un pie en la lonja sevillana. Finalmente, cobró 78.908 euros. La Fiscalía considera a Garrido como cooperador necesario de un delito de malversación y pide para él 2 años de prisión y 4 de inhabilitación.
El propio Lanzas trató de incluirse en el ERE para «cobrar las elevadas gratificaciones iba a percibir por su intermediación». Si éste no acabó también prejubilado fue porque Mellet temía que trascendiera y terminara comprometiéndole.