Carmen Romero

dispuesta a poner en marcha esta reforma en paralelo a la renovación, como pidió ayer Enrique López a las puertas del Supremo, sino que ni siquiera garantiza que se lleve a cabo en los términos que plantea Europa. La opción a la que parece estar abierta la izquierda judicial es la de que los jueces elijan a 36 representantes, como sucedía antes de la última reforma, pero eso no es tampoco la elección directa sin participación política alguna que pide Europa, pues el Parlamento intervendría. Lo que parece claro, a juzgar por las palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que opina

Contencioso-Adm. 2 de Mérida

«Hay que reformar este sistema fracasado para garantizar nuestra independencia y fortalecer el Estado de derecho»

«La credibilidad de la justicia es percibida por el ciudadano como un tira y afloja entre los distintos partidos políticos»

que en «democracias plenas los jueces no pueden elegir a los jueces»; la encendida defensa del actual sistema por parte de Llop, o de las declaraciones de la portavoz del Ejecutivo, ayer, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, es que el Gobierno no está pensando en la misma reforma que pide el PP.

Animados por la defensa de la independencia judicial sobre la que pivotó el discurso de Lesmes el lunes, ABC ha reunido sobre estas líneas a una pequeña representación de los 2.600 jueces que han llegado hasta Europa. Todos tienen algo en común: urgen a que se lleve a cabo esa reforma para garantizar la separación de poderes y mejorar la percepción del ciudadano en la justicia, el destinatario último de un servicio público cuya independencia debe estar por encima de toda duda. Jueces con nombre y apellido. Jueces a pie de calle.