Unanimidad para pedir a Junta y Gobierno ayudas urgentes por el incendio de Navalacruz
El Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó ayer por unanimidad dos proposiciones no de ley consensuadas por PP, PSOE y Cs en las que se reclama a la Junta y el Gobierno poner en marcha de forma urgente ayudas a los damnificados por el incendio de Navalacruz (Ávila) así como colaborar en los correspondientes planes de recuperación de las zonas afectadas.
Las proposiciones instan a la Junta a realizar, a la máxima brevedad posible y en colaboración con el resto de administraciones afectadas, un informe exhaustivo de evaluación de daños producidos por los incendios, cuantificando el alcance real de los mismos. También se plantea que, a través de la Consejería de Agricultura, se establezca un sistema estable que garantice alimento y agua a la cabaña ganadera afectada por el incendio y que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en el momento en el que se den las condiciones exigidas por la ley, realice de oficio y a la mayor celeridad el levantamiento del acotado de pastos, informa Ical.
A su vez, se solicita a la Junta este mismo mes un plan especial de restauración socioeconómica y que a partir del 16 de octubre los ganaderos reciban las ayudas directas de la PAC de la campaña 2021. También se pretende que a partir de 2022 y hasta 2026 el acotamiento al pastoreo se reduzca al mínimo legal posible y establecer los mecanismos necesarios para que ganaderos no pierdan las ayudas de la PAC. La puesta en marcha de ayudas a los Ayuntamientos, la creación de una oficina de coordinación de las ayudas y el establecimiento de ayudas específicas para explotaciones agrarias, ganaderas y forestales, son otras de las reclamaciones a la Junta.
Apoyo a los ayuntamientos
A su vez, al Gobierno central se solicita la activación de las ayudas derivadas de la situación de emergencia o naturaleza catastrófica, así como la concesión de ayudas económicas a particulares por daños en enseres de primera necesidad. También se reclama la compensación a las corporaciones locales afectadas por los gastos derivados de actuaciones inaplazables y establecer ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios y bienes, así como a los establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.