El Gobierno pide a la UE ampliar el plazo de las ayudas directas ante su escaso alcance
El Gobierno ha solicitado a Bruselas extender el plazo para conceder el fondo de 7.000 millones en ayudas directas tras haber encallado en su reparto. Así lo avanzó ayer la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que reconoció que el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea «que se extienda el marco extraordinario de ayudas de respuesta a la Covid» para ampliar el plazo de las ayudas de 7.000 millones dirigido a empresas y autónomos, cuya ventana de concesión finaliza el próximo 31 de diciembre.
La presión para que el Gobierno cambie los requisitos para acceder a este fondo ha ido en aumento desde su aprobación. De hecho, una gran mayoría de autónomos y pymes ni siquiera llegan a solicitarlas. Según cálculos de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), solo unos 300.000 autónomos, alrededor de un 10%, de los más de 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia afiliados al RETA han reclamado este dinero que debía servir de balón de oxígeno tras casi dos años de crisis económica y restricciones.
Según detalló Calviño en una entrevista en la radio recogida por Servimedia, la intención ahora es «ampliar el plazo y llegar no solo a esas empresas que más lo necesitaban, que son probablemente las que han ido a las primeras convocatorias, sino llegar, a lo mejor, a un conjunto más amplio de empresas que se han visto afectadas por la pandemia hasta este momento». Unas palabras que han generado esperanza entre los posibles beneficiados.
El fondo ha sido objeto de fuerte polémica porque, aunque fue aprobado a mediados del pasado mes de marzo, las empresas y autónomos se han tropezado con incontables dificultades para acceder a unos recursos ideados, en forma de ayudas directas, para sufragar costes de todo tipo. Permiten emplearlos para cubrir gastos fijos como salarios o arrendamientos y suministros, pagar a proveedores o devolver deudas generadas entre marzo de 2020 y mayo de 2021.
En el sector y desde algunas comunidades autónomas, que son las últimas responsables de su distribución, han culpado al Gobierno de la dificultad de acceso, ya que exige acreditar una merma del 30% de los ingresos pero sin haber encajado pérdidas.