Cerco judicial al Tribunal Constitucional por no resolver el recurso sobre la ley del Aborto
Once años después, el recurso del PP contra la ley del Aborto aprobada por el Gobierno socialista en 2010 se ha convertido en la causa más antigua sin resolver en el Tribunal Constitucional (TC). Varias asociaciones provida han decidido denunciar ese «silencio» ante el Supremo. La última en hacerlo fue ayer HazteOir.
Esta asociación civil ha presentado una querella contra los últimos tres presidentes del TC por «un posible delito de prevaricación en su modalidad de retardo malicioso» en la resolución del recurso presentado por 50 diputados del PP el 1 de junio de 2010. Según consta en la querella, los cuatro magistrados objeto de la acción judicial son los expresidentes del TC Pascual Sala Sánchez y Francisco Pérez de los Cobos Orihuel y el actual, Juan José González Rivas. Además se suma el magistrado Andrés Ollero Tassara, designado ponente para la realización del borrador de la sentencia.
«Es evidente que si hubo retraso punible los responsables son tanto el ponente, como los presidentes que hubiere tenido el Tribunal Constitucional en estos años, pues son estos últimos los que tienen que requerir al ponente, si este no lo hubiera presentado, un borrador de sentencia», explica ABC el asesor jurídico de HazteOir, Javier María Pérez-Roldán.
«Actúan como políticos»
La querella recuerda que el pleno del tribunal denegó la suspensión cautelar de la norma que permite el aborto libre hasta la semana 14. El Tribunal, en un auto firmado el 14 de julio de 2010, justificó su decisión en que iba a dar «carácter prioritario a la tramitación y resolución del presente recurso». Sin embargo, once años después no ha habido ninguna respuesta.
«El Tribunal Constitucional ha intentado disculpar este retraso pero en el fondo lo que pasa es que en el TC actúan más como políticos que como juristas. Por eso las disculpas que han ofrecido estos años no tienen entidad jurídica para evitar la aplicación del tipo penal pretendido por nuestra acusación», añade Pérez-Roldán.
La querella de esta asociación civil se suma a la presentada en julio por la asociación Abogados Cristianos. La falta de respuesta del TC también fue denunciada en junio ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (CEDH) por 20 diputados y exdiputados.