La deuda pública se desboca y rompe el techo de los 1,5 billones

▶ El Estado se convierte en el motor de esta escalada y crece un 7% respecto a hace un año

La deuda pública española se desboca a las puertas de una más que posible recesión. Los datos publicados ayer por el Banco de España sobre el endeudamiento de las administraciones públicas en septiembre arrojan un inquietante horizonte: el pasivo ha superado, por primera vez en la historia, el techo de los 1,5 billones de euros, y el principal motor de este gasto tiene un único origen: el Estado español. Tanto las comunidades autónomas como los municipios, e incluso la Seguridad Social, disminuyen su pasivo o lo mantienen. En concreto, la deuda del Estado subió un 6,8% en el último año hasta superar los 1.329 millones de euros, su propio récord. Con estos mimbres, la deuda ya supone una ratio sobre el PIB del 116%.

Así, España se consolida entre las economías más endeudadas de la eurozona. Según Eurostat, a España solo le superan Grecia (194,5% del PIB en 2021), Italia (150%), y Portugal (125,%). Francia nos sigue muy de cerca con un 112,8% del PIB (2021).

Respecto al endeudamiento de las comunidades autónomas, este creció un 0,3%, hasta los 315.015 millones de euros respecto al mes anterior, y el pasivo de los ayuntamientos retrocedió en 307 millones, hasta los 22.369 millones. Por su parte, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social alcanzó los 99.192 millones en septiembre. Es decir, apenas varía respecto al mes anterior aunque acumula un crecimiento interanual del 8%.

En total, la deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en septiembre hasta el máximo histórico de 1,504 billones de euros, lo que supone un aumento en términos relativos del 0,8% respecto al mes anterior. En tasa interanual se incrementó un 5% respecto al mismo mes de 2021, con 71.715 millones más, como consecuencia de los menores ingresos y los mayores gastos derivados de la crisis de la pandemia y más recientemente por la guerra en Ucrania.

Aunque la ratio de deuda pública sobre PIB ha ido descendiendo en los últimos meses y se sitúa ahora en el 116%, aún supera ligeramente el objetivo del Gobierno para todo el año (115,2%), de acuerdo con lo establecido por el Ejecutivo en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas a finales de abril. El escenario que plantea el Programa de Estabilidad 2022-2025 muestra un progresivo descenso del déficit a lo largo de los cuatro ejercicios hasta que la ratio deuda/PIB se sitúe en el 109,7% en 2025.

¿Volverá la austeridad?

¿Es sostenible a medio plazo este gasto? Para expertos como Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU-San Pablo, no es una política sostenible. En su opinión, todo lo anterior «se debe fundamentalmente a políticas que se están aplicando como la renta básica, las ayudas a la gasolina, el gasto público generado para devolver parte del límite al gas...». A lo que añade «la merma de ingreso fiscales para el Estado, que redunda en mayor déficit público» por la reducción de los impuestos relacionados con la electricidad.

En este sentido, advierte de que «el 60% de nuestra deuda está en manos del BCE», y que la política monetaria se está endureciendo por lo que puede optar por vender parte de esta en los mercados. Además de que las normas fiscales regresarán en 2024, esto implica según este experto el requisito de que la ratio de nuestra deuda roce el 60% del PIB. «Estamos justamente al doble del 60% que exige Bruselas», avisa Pampillón, quien apuesta por usar los fondos europeos para cubrir este gasto público. «El Gobierno no tiene la capacidad para resolver, podríamos aprovecharlos, pero la ineficiencia en la gestión de las ayudas...», lamenta el catedrático.

¿Qué hacer? Este experto pone sobre la mesa una receta polémica: la vuelta de la austeridad, en línea con lo que ya está implantando el nuevo Gobierno ‘tory’ del Reino Unido. «Acaban de presentar un presupuesto para intentar aumentar los ingresos fiscales y reducir la inflación», describe este economista, quien cree que «vienen ajustes y austeridad». Es decir, un mayor control del gasto público (sobre todo, el que considera «superfluo» y «que no mejora la productividad») y centrarse en mejorar la competitividad. Para ello propone «intentar descentralizar la gestión de los fondos europeos hacia las empresas, que necesitan nuevas tecnologías para hacer la transición digital».

Mientras, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, cree que «este Gobierno está comprometiendo a las generaciones futuras» y recuerda que Europa vuelve a poner el acento sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. «No puede convertirse en una limitación o dificultad para el crecimiento y la financiación en los mercados», advierte, y reprocha al Ejecutivo «el exceso de recaudación» de 28.000 millones de euros ya existente y que cree que acabará por superar los 30.000 millones.

Cae el endeudamiento de las CC.AA. un 0,3% frente al mes anterior, y el pasivo de los ayuntamientos retrocede 307 millones