El Gobierno dispara un 38% la bonificación de contratos para sostener la creación de empleo
El Estado ya destina cerca de 1.500 millones de euros en las ayudas para fomentar nuevos puestos de trabajo
Nadie parece acertar a concretar por qué el mercado laboral español ha logrado sortear con nota los peores años tras el impacto de la pandemia e, incluso ahora, aunque ya con claros síntomas de fatiga, continúa batiendo las cifras mensuales de creación de empleo previas a 2020. Desde la Seguridad Social, los propios técnicos del ministerio e incluso el mismo José Luis Escrivá muestran cierta sorpresa sobre los datos que arrojan las altas y bajas de cotizantes cada mes.
Entre las explicaciones que esgrimen desde el Ejecutivo está el impacto «positivo» de la reforma laboral sobre el proceso de contrataciones en España, que ha dado la vuelta a la tendencia histórica de firmas de contratos temporales para dar paso a indefinidos ,y el hecho de que la economía en su conjunto ha dejado atrás la crisis «de forma robusta».
Ahora bien, son varios los aspectos que apuntan a la encomiable labor del Gobierno para contener una pérdida de puestos de trabajo que tampoco se producirá en noviembre –un mes estacionalmente malo para el mercado laboral–, pese a que los indicadores macroeconómicos advierten una desaceleración que podría desembocar incluso en una recesión, según diversos organismos como Airef, para el cuarto trimestre del 2022 y el primero de 2023.
La Seguridad Social espera un crecimiento plano del empleo en el penúltimo mes del año, cercano a cero, pero en cifras positivas. Y calcula que el año cerrará con 480.000 afiliados más que hace un año,
Si buscamos entre las explicaciones, el propio Gobierno reconoce en una alegación realizada a un reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre incentivos y deducciones para la contratación, que el número de contratos bonificados ha crecido exponencialmente en los últimos años. Concretamente, se ha disparado un 38% desde la llegada de Pedro Sánchez a
La Moncloa, pasando de un total de 3,4 millones de trabajadores con algún tipo de incentivo a la contratación en 2018 a los 4,7 millones que se registraron a cierre de 2021.
«Hay un número creciente de trabajadores que cada año es bonificado, representando un porcentaje importante respecto del total de trabajadores en alta; volumen que, sin duda, dificulta las labores de control y hace imprescindible la implementación de procesos automatizados», admite la Seguridad Social en la respuesta al Tribunal de Cuentas.
Revisión de incentivos
Más allá, la contestación que el Gobierno realiza al informe del Tribunal de Cuentas sobre la eficacia de las políticas activas de empleo en forma de deducciones en la cotización para ciertas formas de contratación como el relevo por jubilación, por sustitución o por encontrarse el empleado en prácticas la Seguridad Social, admite que el coste para las arcas públicas también ha crecido de forma considerable en los últimos años. Concretamente, entre 2018 y 2021 el gasto en bonificaciones ha pasado de 1.053 millones de euros a 1.449 millones, lo que supone un incremento del 37,6%.
Precisamente, el estudio de fiscalización del Tribunal de Cuentas trae causa de esta circunstancia. El organismo viene a evaluar en el informe la eficacia de la reducciones de cotización que prevén estos contratos con cargo a la Seguridad Social con un efecto desfavorable.
«A la vista de los resultados del análisis de fiscalización, sería conveniente que el Ministerio de Trabajo estudiara el diseño de un plan estratégico sobre las bonificaciones de cuotas globalmente consideradas. En él debería evaluarse su eficacia en la consecución de los fines perseguidos y, en su caso, definirse de forma precisa los objetivos a alcanzar y los indicadores, las ratios y los estándares necesarios para efectuar un seguimiento y control del grado de eficacia y eficiencia de dichas actuaciones», apunta en las conclusiones el Tribunal de Cuentas. Además, pide a la Seguridad Social efectuar un análisis de aquellos requisitos establecidos para la aplicación de las bonificaciones.
Las conclusiones, más allá, se alinean con las de un estudio de Airef, de finales de 2020, en el que advertía de que el coste de estos incentivos a la contratación ascendía hasta los 2.000 millones de euros y en el que advertía al Gobierno de la necesidad urgente de realizar un «seguimiento y evaluación continuos del sistema de incentivos».
Además, cree la Autoridad Fiscal que es necesario articular un menor número de incentivos y homogeneizar los requisitos sobre las empresas beneficiarias. Según la Airef, un sistema más sencillo, con requisitos claros y de fácil verificación podría estimular su uso por parte de las empresas, permitiendo de este modo incrementar su atractivo y su eficacia.