OTRA VICTORIA PARA BILDU
La decisión del Gobierno de retirar a la Guardia Civil las competencias de tráfico en Navarra a cambio de votos es más que un desistimiento del Estado; es algo que ya no tendrá marcha atrás
YA no es ninguna novedad que el Gobierno haya culminado su proceso de blanqueamiento de Bildu, normalizándola como una fuerza política más del arco parlamentario con la que poder negociar sin demasiados escrúpulos votaciones determinantes. Ahora el Gobierno lo ha vuelto a hacer, suscribiendo un pacto de diez puntos con sus correspondientes cesiones, en cuyo apartado sexto se acuerda retirar a la Guardia Civil las competencias en materia de tráfico y seguridad vial antes del 31 de marzo próximo. El acuerdo debe quedar formalizado antes de que concluya el año, según exigencia de Bildu a cambio de que sus cinco diputados aprueben los Presupuestos Generales del Estado. Con el apoyo de Podemos, los probables de ERC y PNV, y el seguro de Bildu y PDECat, el Ejecutivo se garantiza una pacífica aprobación de las cuentas públicas para 2023 próxima a los 190 escaños. En el olvido quedan aquellas palabras de Pedro Sánchez, por entonces candidato y no presidente, que públicamente afirmó de modo tajante que «con Bildu no vamos a pactar. Si quiere lo digo cinco veces o veinte. Se lo repito, no vamos a pactar». Sin embargo, la hemeroteca se ha convertido en algo inocuo para el presidente del Gobierno.
La primera consecuencia grave de esta decisión es el desistimiento del Estado en una parte del territorio nacional por petición expresa de quien lleva años exigiendo la desaparición de instituciones estatales de Navarra y del País Vasco y, en particular, planteando la expulsión de la Guardia Civil. El Gobierno está permitiendo que se produzca una progresiva desconexión de estructuras del Estado en autonomías gobernadas por el nacionalismo por mero interés coyuntural. Sin embargo, no es ese el único motivo. No se trata solo de garantizarse votos en el Congreso de los Diputados, sino de que el PSOE y el Partido Socialista de Navarra comparten ese desmantelamiento de la Guardia Civil por territorios. Si no, resulta inexplicable que no haya ningún debate interno en el partido y resulta extraño que, como en ocasiones anteriores, los ‘barones’ socialistas de otras autonomías no hayan expresado su oposición. Es un proceso paulatino de cesión que el PSN comparte de buen grado con sus socios de gobierno, Bildu y Geroa Bai, y desde luego con Bildu, que es quien finalmente permitió conceder a la socialista María Chivite la presidencia de la Comunidad Foral. Y uno de los muchos precios a pagar será esta inminente derogación de funciones propias de la Guardia Civil que no se producen en otras autonomías. Por tanto, el Gobierno no podrá alegar que se trata de una reestructuración y adaptación de la Guardia Civil a cualquier exigencia organizativa. Es la entrega de un símbolo que el independentismo y el nacionalismo identifica como un instrumento represivo español a cambio de que Pedro Sánchez culmine la legislatura con el triunfo político que supone sacar adelante unos nuevos Presupuestos.
La otra consecuencia grave es la difícil reversibilidad de la medida. Una vez que se claudica, resulta complejo política y administrativamente dar la vuelta a la situación con cualquier nuevo Gobierno. El acoso a la Guardia Civil en Navarra viene de antiguo, incluso con agresiones a agentes del Cuerpo, como ocurrió en Alsasua. Además, son muchos los guardias civiles caídos bajo las balas y bombas de ETA. Esta renuncia a las competencias de la Guardia Civil no es una decisión política sin más; en realidad reúne todos los componentes de una humillación al Estado y concede una victoria política a quien usó el terror precisamente para combatir la política.