El Gobierno infringió la ley para ocultar un informe oficial sobre la subida del SMI
Trabajo lo escondió durante casi un año alegando «intereses comerciales» y desoyó a Transparencia
El Gobierno infringió la ley de Transparencia para mantener oculto, durante casi un año, un informe oficial sobre las consecuencias que podía tener la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de la que presumía –y sigue presumiendo– el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos. Pese a que el estudio lo encargó el propio Ministerio de Trabajo a expertos de su confianza para sacar pecho de esa subida, la redacción final no fue del todo de su agrado. Fundamentalmente, porque advertía que la subida del SMI podría no repercutir positivamente en el mercado laboral.
Al ministerio que dirige la vicepresidenta comunista Yolanda Díaz no le interesó que saliera a la luz ese informe, que había encargado precisamente para contrarrestar los sonoros reparos del Banco de España: en 2019, cuando el Ejecutivo se disponía a subir de golpe el Salario Mínimo un 22%
Personal doméstico en la vivienda oficial de Díaz
Tampoco ha contestado las preguntas parlamentarias de la oposición sobre cuánto personal está al servicio de la vivienda oficial que tiene a su disposición en Madrid y cuánto cuesta.
Reprimenda del Consejo de Transparencia
Hace unas semanas, el Consejo de Transparencia censuró la opacidad de Díaz por no facilitar el coste que había tenido un almuerzo de ella y su séquito en Roma hace un año. –de 735,9 euros a 900–, advirtió de que eso impactaría negativamente en el empleo; y, para rematar, en junio de 2021 el Banco de España presentó un estudio en el que calculó que la escalada del SMI había impedido la creación de entre 83.000 y 180.000 empleos.
Como desveló ABC, Trabajo encargó varios informes más para enterrar ese primer estudio que no fue de su agrado. Además, según ha podido confirmar ahora este diario, el ministerio desplegó una persistente estrategia de ocultación que infringió la ley que garantiza el derecho de los ciudadanos a la información pública. E incumplió las órdenes que dictó el Consejo de Transparencia para que facilitara dicho informe a quien lo había solicitado.
Excusa inconsistente
A principios de año, varios grupos parlamentarios pidieron ese estudio, pero el Gobierno no se lo facilitó. Poco después, el 30 de marzo, el Instituto Ostrom –‘think tank’ liberal con sede en Cataluña– solicitó al Ministerio de Trabajo una copia de ese mismo estudio. Lo reclamó amparándose en la ley de Transparencia, pero tampoco se lo entregaron. Trabajo argumentó que estaba sopesando explotar «comercialmente» dicho estudio, por lo que facilitárselo a un tercero «podría implicar un perjuicio para sus intereses comerciales y económicos».
El Instituto Ostrom consideró que era una excusa inaudita y pidió amparo al Consejo de Transparencia, que censuró al ministerio de Díaz por impedir el acceso a un documento que debe ser accesible para cualquier ciudadano o entidad que lo requiera. El pasado 23 de septiembre, el Consejo de Transparencia subrayó que el argumento que había utilizado Trabajo para esconder ese estudio fue infundado e injustificado. Y dio al ministerio un plazo máximo de diez días hábiles para entregar el informe sobre el SMI a la entidad que lo había solicitado. El Gobierno desoyó el ultimátum. Debió facilitar el estudio al instituto Ostrom a primeros de octubre, pero a primeros de noviembre seguía sin hacerlo. Quedó patente el incumplimiento de la orden de Transparencia.
No fue hasta el pasado 14 de noviembre cuando Trabajo facilitó la copia de ese estudio al Instituto Ostrom. Eso sí, después de que éste le enviara un nuevo requerimiento al ministerio con la advertencia de que, si persistían en la ocultación, acudirían a los juzgados.