El Reino Unido no recoge los delitos de rebelión o sedición, pero sí el de traición

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, aseguró que aunque está decepcionada, respeta el fallo del Tribunal Supremo, pero enfatizó que los jueces no hacen la ley sino que solo la interpretan. «Esta es una píldora difícil de tragar para cualquier partidario de la independencia, y, ciertamente, para cualquier partidario de la democracia». Sturgeon puntualizó que el partido que preside encontrará «otro medio democrático, legal y constitucional» para que el pueblo pueda expresar su voluntad, en unas palabras que reafirman que no tiene intención de convocar una consulta ilegal. En todo caso, si el Supremo hubiera fallado a favor del Gobierno escocés, la consulta no sería legalmente vinculante, sino que simplemente mostraría lo que quiere la gente.

Si el movimiento independentista celebrara una consulta sin el consentimiento del Gobierno británico no solo provocaría un grave conflicto interno sino que también podría tener dificultades para obtener el reconocimiento internacional en caso de ganar. Esta es la opinión de expertos como James Mitchell, profesor de Política en la Universidad de Edimburgo, quien dijo a Reuters que la decisión de llamar a que las próximas elecciones sean un referéndum de facto sería una «gran apuesta», pero que incluso si los nacionalistas del SNP obtuvieran más del 50% de los votos es poco probable que el Gobierno británico negociar una nueva votación.

Sturgeon consideró que aunque un referéndum es su opción favorita, el SNP podría usar las próximas elecciones generales del Reino Unido como un «referéndum de facto» en un intento de demostrar que la mayoría de las personas en Escocia apoyan la independencia, aunque los detalles de cómo podría funcionar esta fórmula están por estudiarse dentro de la formación. En todo caso, los analistas locales coinciden en que el SNP aceptará la sentencia y respetará la ley, descartando una votación como la de Cataluña.

Con respecto a la legislación británica, los partidos independentistas no solo son legales, sino que el más importante, el Partido Nacional Escocés (SNP) es el tercero en número de diputados en la Cámara de los Comunes. Las leyes británicas no recogen el delito de rebelión. Lo más parecido es el delito de traición, mientras que la sedición fue abolida como tal y lo que más se asemeja es un delito contra el orden público, cuya proporción punitiva con la legislación española es diferente. No existe legislación sobre el delito específico de malversación, que puede juzgarse bajo los paraguas de robo, fraude o lavado de dinero y que pueden ser penados con un máximo de diez años de cárcel.

Los nacionalistas buscan alternativas dentro de la legalidad y quieren que las próximas elecciones sean un referéndum de facto