Seis procesados por una ayuda a fondo perdido de 36 millones

Casi doce años después de que echara el cierre la fábrica automovilística de Santana Motor, la investigación sobre la irregular gestión desarrollada por la Junta de Andalucía –propietaria de la empresa desde la marcha de la multinacional japonesa Suzuki en 1995– marca otro hito en las macrocausas de corrupción que afectan a antiguos gobiernos socialistas. El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto por el que son procesados por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental cuatro ex altos cargos del Gobierno andaluz y dos antiguos directivos de la fábrica clausurada en febrero de 2011.

La investigación, que se inició en junio de 2015, se centra en la concesión de un préstamo «ficticio» de 36,10 millones de euros por parte de la agencia autonómica IDEA a Santana Motor (empresa de la que era titular) «a sabiendas de la imposibilidad» de que devolviera el dinero público porque «la factoría se encontraba en liquidación y no podía obtener beneficios», según expone la resolución judicial fechada el 22 de noviembre pasado, a la que ha tenido acceso ABC.

El supuesto crédito público se transformó en «prestamos participativos» que se suscribieron el 29 de abril de 2011, el mismo día de la Junta General de Accionistas de Santana Motor (de la que formaba parte IDEA) aprobó la disolución y posterior liquidación de la empresa automovilística.