Sánchez ignora los avisos de Europa y solo incluye retoques a los impuestos a banca y energéticas
▶Desoye las observaciones del BCE sobre problemas de competencia y esquiva el reglamento europeo que pedía limitar la acción fiscal a gasistas y petroleras
El Congreso aprobó a última hora de ayer con los apoyos habituales del Gobierno de coalición la remisión al Senado de la iniciativa de PSOE y Unidas Podemos que crea los tres nuevos gravámenes sobre la banca, las empresas energéticas y los grandes patrimonios con los que pretenden sufragar, al menos en parte, la millonaria factura de las medidas puestas en marcha para atenuar el impacto de la inflación y la subida de los precios energéticos sobre hogares y empresas.
El texto llegará a la Cámara Alta tras haber sido zarandeado no solo por juristas, oposición política y empresas afectadas sino también por organismos nada sospechosos de albergar intereses ocultos contra el Gobierno como el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), y esquivando además el reglamento de obligatorio cumplimiento aprobado por la Comisión Europea para armonizar la respuesta fiscal de los 27 a esta crisis.
Pese a ello, el Gobierno apenas ha introducido cambios de calado en la iniciativa. Se ha limitado a decretar la afectación de los ingresos obtenidos por los gravámenes a la banca y a las energéticas –en el de las grandes fortunas ya se preveía– a la financiación de las medidas discrecionales de apoyo a hogares y empresas como exigía Bruselas, pero ni ha restringido el alcance del gravamen energético a gasistas y petroleras como pedía Bruselas, ni lo aplicará a los beneficios extra en lugar de sobre la facturación como le pedía medio Congreso, ni ha resuelto los problemas de competencia advertidos por el BCE.
Riesgo para la banca
El supervisor bancario de la zona euro emitió un duro dictamen contra el impuestazo a la banca. En el mismo advertía del impacto sobre el sector en términos de rentabilidad, solvencia, concesión de crédito, etc. Y añadía también el riesgo sobre la competencia: «La aplicación del gravamen únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria». En otras palabras, pedía aplicarla al conjunto del sector, bancos españoles y extranjeros.
PSOE y Podemos registraron una enmienda para subsanar el asunto y que el impuesto alcanzara también a la banca foránea, sin tener en cuenta el umbral mínimo de 800 millones facturados en intereses y comisiones que preveía la norma. La enmienda establecía un segundo criterio para pagar el impuesto: que las entidades estuvieran bajo supervisión del BCE, lo que metía dentro del perímetro a más de medio centenar de entidades de toda Europa catalogadas de ‘sistémicas’.
¿El objetivo? Cumplir con el principio de «no alterar la competencia», que reclamaba el BCE. Sin embargo, PSOE y Podemos retiraron la enmienda a última hora sin más explicaciones, dejando la norma como estaba en su versión original.
La enmienda que sí se mantuvo fue una del PNV que aclara que el gravamen se aplicará a los bancos «que operen en territorio español», es decir, que alcanzarán tanto a las entidades españolas como a las extranjeras que operen en nuestro país, pero siempre teniendo en cuenta el umbral mínimo de negocio de 800 millones. De esta manera, los grandes bancos extranjeros quedarán fuera del radio de acción del gravamen al no alcanzar esa cifra de ingresos en intereses y comisión en España y continuarán latentes los problemas de competencia que denunció el supervisor y sobre los que también
El BCE advirtió al Gobierno de que el impuesto a la banca podría perjudicar la igualdad de condiciones en la unión bancaria europea
advertía el sector en España.
El BCE exigió también al Gobierno un análisis exhaustivo sobre el impacto del impuesto en la solvencia y la rentabilidad del sector. El Ejecutivo también ha hecho oídos sordos a esta petición.
Impuesto a las eléctricas
El Gobierno tuvo claro desde el primer momento que al margen de los bancos había que hacer pagar la factura de la crisis a las compañías eléctricas, con las que la ministra de Transición Ecológica mantiene un pulso permanente y que también están de forma regular en el punto de mira de Unidas Podemos.
El reglamento de obligado cumplimiento aprobado hace unas semanas por la Comisión Europea para armonizar las figuras fiscales aprobada en toda la Unión para obtener ingresos que permitan sufragar sus políticas de apoyo a hogares y empresas fijó su objetivo en otro rincón del sector energético: las petroleras y las empresas extractivas. Las eléctricas no aparecían por ningún lado, pero el Gobierno ha decidido mantenerlas en el gravamen amparadas en la parte de la directiva que permite establecer una figura «análoga» a la definida por la Comisión Europea.