Más de mil menas de Canarias se verán en la calle al cumplir el 1 de enero la mayoría de edad
Fueron inscritos en 2005 con la misma fecha de nacimiento al carecer de filiación y deben dejar los centros
Los obispos de las islas advierten de la situación desesperada de muchos de estos chicos, atrapados en una «cárcel sin muros»
Los obispos de las diócesis canarias denunciaron ayer la «desesperada» situación de los menores tutelados en centros de acogida de las islas y alertaron de que muchos de ellos, unos 1.000 solamente en Gran Canaria, saldrán a la calle en los próximos meses, la mayor parte el 1 de enero de 2023, al alcanzar la mayoría de edad. En una nota que han hecho pública este jueves, José Mazuelos, obispo de Canarias, y Bernardo Álvarez, de Tenerife –con el respaldo de la Conferencia Episcopal– insta a las administraciones a poner los medios para resolver la situación.
«Como no tienen documentación les pusieron fecha de nacimiento el 1 de enero de 2005, con lo cual, el 1 de enero de 2023 ya tienen mayoría de edad, y por tanto, dejan de estar tutelados por la Administración y los sueltan a la calle. Es la gran dificultad que tenemos», explicó ayer el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, en un encuentro con la prensa en la Conferencia Episcopal.
De esta forma, cerca de la mitad de los 2.235 menores tutelados ahora terminarán «en situación de calle» en poco más de un mes, y otros muchos en fechas cercanas. «En muchos de estos casos, sin la madurez, capacitación, ni apoyos suficientes para una vida autónoma y un acceso a la vida laboral», denuncia la nota de los obispos.
«No podemos estar lanzando a estos jóvenes a la calle. Luego dirán que son delincuentes. ¡No! Cuando se les prepara pueden ser maravillosos. Eso es lo que tenemos que promover entre todos, no un almacenamiento«, dijo el obispo de Canarias, José Mazuelos.
Además, señaló la situación límite en la que se encuentra la red asistencial eclesial. «Si ahora salen 1.000 más, no sabemos qué vamos a hacer, la Iglesia es subsidiaria, es la Administración la que tiene que dar respuesta. El Gobierno de Canarias está siendo ejemplar y el Cabildo de Gran Canaria nos está dando ayudas. Alzamos la voz con esta nota para ver si la Administración se conciencia», añadió Mazuelos.
De hecho, en su nota, instan «a los gobiernos y administraciones públicas concernidas, a poner ya los medios para retomar las derivaciones de menores o jóvenes migrantes extutelados» a programas de inserción en otras comunidades autónomas. Además, se comprometen a ofrecer una «respuesta integral» desde la Iglesia a estos jóvenes «para responder a los vacíos del sistema de protección e integración». Todo ello ha convertido a las islas en «una cárcel sin muros», según explicó Mazuelos, en la que se encuentran atrapados estos jóvenes a los que no se les facilita un tránsito hacia la península o a otros países de Europa en los que puedan proseguir su proyecto de vida.
Centros llenos
La situación para los jóvenes que se ven obligados a abandonar los centros de acogida al cumplir los 18 años en función de si se pueden acoger a las requisitos que establece la nueva ley de Extranjería publicada este verano. Si tienen esa suerte, pueden contar con permiso de residencia y de trabajo. Si no es así, sus condiciones son las mismas que cualquier otro emigrante en situación irregular y deben esperar tres años para solicitar el arraigo y comenzar los trámites de regularización. «En todo caso, su situación es casi igual de desesperada, porque aunque tengan permiso de trabajo es muy difícil que puedan encontrarlo y, sin ingresos, quedan en la calle sin ningún tipo de acogida ni de ayuda», explica a ABC el claretiano José Antonio Benítez, párroco en Gran Canaria y miembro del secretariado de Migraciones de la diócesis.
«Es la pescadilla que se muerde la cola, al estar en la calle nadie les contrata y sin ingresos no pueden salir de la calle», explica Benítez. Un problema al que se suma el alto índice de paro de las islas y la imposibilidad de salir de esa «cárcel sin muros». «Es una bomba de relojería –explica el religioso–, sin recursos y en las calle las posibilidades de que acaben en la droga y delinquiendo son muy altas. Yo mismo, que soy capellán penitenciario, me he encontrado en la cárcel a jóvenes que meses antes venían a nuestro comedor social».
«Aunque no creo que se concentren tantos el 1 de enero, no tenemos capacidad para absorber a todos los jóvenes que van salir de los centros al cumplir la mayoría de edad», explica a este diario Ana María Cabrera, religiosa salesiana y directora de la fundación canaria Main. «Somos la institución con más plazas de acogida para esos jóvenes y nuestros centros están llenos y con una larga lista de espera», explica. Además, Cabrera, suma otro problema para estos jóvenes incluso cuando consiguen ingresos e intentan emanciparse. «Por ser emigrantes tienen muchas dificultades para alquilar una vivienda», explica.