El Tribunal de Cuentas denuncia descontrol del gasto en bonificaciones
▶El Gobierno reconoce un desembolso anual en exenciones a la cotización de cerca de 1.500 millones de euros ▶Un demoledor estudio de fiscalización urge a Escrivá y Díaz a vigilar el buen uso de las subvenciones y su eficacia
El sistema de bonificaciones en España está lejos de tener un control mínimo para poder medir la efectividad de su aplicación. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha regado con exenciones al pago de cotizaciones millones de contratos de trabajo desde su llegada a La Moncloa, y ahora se sabe que este proceso ha tenido un dudoso impacto sobre el comportamiento del mercado laboral en los últimos años. Principalmente, porque el gasto público en estas políticas activas de empleo no justifican con resultados su aplicación.
No en vano, las autoridades auditoras del Gobierno ya están dando cuenta de esta situación y advirtiendo a los organismos competentes del Estado de que pongan medios con urgencia para resolver este descontrol. Concretamente, en un reciente y demoledor informe el Tribunal de Cuentas advierte a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, así como a los organismos que de ellos dependen, SEPE y TGSS, de un descontrol absoluto en el sistema de bonificación de contratos en España, que cuesta cada año a las arcas públicas cerca de 1.500 millones de euros.
La evaluación a priori que el Tribunal fiscalizador hace sobre tres figuras concretas, el contrato de relevo, el contrato en prácticas y el contrato de sustitución por jubilación anticipada concluye el exiguo impacto que tienen las bonificaciones sobre la cotización de estos trabajadores. Concretamente, el Tribunal de Cuentas llega a señalar en su informe que «no existe un plan estratégico, informe, memoria o documento donde se definan los indicadores, ratios, estándares u otros instrumentos para valorar la eficacia, eficiencia e impacto de estas bonificaciones en la consecución de los objetivos que pretendía alcanzar».
Es decir, el informe parte de la base de que el sistema no cuenta con elementos de control y es por lo que se abona el uso deficiente de estas bonificaciones por parte de las empresas. «No queda justificada con precisión la necesidad de estas bonificaciones», señala el informe de fiscalización. Y cabe señalar en este punto que si bien el organismo reconoce que solo tres tipos de contratos sujetos a bonificaciones, los ya mencionados, ha sido objeto de estudio, avisa de que por la naturaleza de estas deducciones en cotizaciones a la Seguridad Social, similar para todos los tipos de contratos, estas mismas conclusiones son extensibles a todo el esquema de políticas activas de empleo en España.
Recomendaciones
En este punto, el Tribunal de Cuentas urge a los poderes públicos a clarificar el sistema de bonificaciones. Cabe recordar que el actual Gobierno, y más concretamente los ministerios capitaneados por Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, han incrementado el volumen de contratos bonificados un 38% en los últimos años, tal y como desveló ABC.
En primer lugar, el organismo auditor reclama al Ministerio de Trabajo que realice evaluaciones periódicas a través del órgano gestor de las bonificaciones «con el fin de valorar la intervención pública, su pertinencia, coherencia interna, coherencia externa, resultados e impacto, detectar posibles efectos ‘peso muerto’ y ‘sustitución’ y proporcionar al gestor información para que, en su caso, pudiese valorar la necesidad de proponer cambios normativos con el fin de reducir, reforzar o suprimir las bonificaciones
La Seguridad Social alega la imposibilidad de llevar a cabo un control exhaustivo por la pérdida de un 37% de la plantilla en tres décadas
en función de los objetivos alcanzados». Pero no queda aquí el rejonazo a los órganos de gobierno.
El Tribunal de Cuentas reparte culpas sobre el descontrol y afea del mismo modo la pasividad en la vigilancia realizada por el Ministerio de Seguridad Social. Concretamente, al organismo dirigido por Escrivá le afea la falta de transparencia a la hora de comunicar los datos del gasto asociado a las políticas activas de empleo. «El Ministerio debería preservar la imagen fiel en la liquidación presupuestaria de los gastos e ingresos relacionados con las liquidaciones de cotizaciones», apunta.
Y además, el Tribunal apunta a una dejación de funciones por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Como en el documento de análisis el organismo fiscalizador detecta fraudes en varias firmas de contratos y conversiones a indefinido, llama a que la administración promueva la revisión de estos supuestos «en los que se haya detectado la posibilidad de aplicación indebida de bonificaciones de cuotas».
Alegaciones
A partir de aquí, el Gobierno expone un prolijo pliego de alegaciones en contra de la resolución del Tribunal de Cuentas al que pone la guinda el exsecretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, quien señala que para que la resolución de que la política de bonificaciones «es ineficiente y tan solo relativamente eficaz» tenga un «grado aceptable de solvencia», sería imprescindible que existiera una referencia mínima en número de trabajadores con contrato temporal y con contrato indefinido cada año.
Además, el Ministerio de Escrivá reconoce dificultades para llevar a cabo un control exhaustivo de las bonificaciones por la pérdida acusada de personal, un 37% en las últimas tres décadas, y que se ha visto acrecentado en los últimos tres lustros producto del proceso de jubilaciones entre los funcionarios.