Sin contrapoderes
El primer intento de medir el Estado de Derecho dice que el Ejecutivo ha llevado su poder a una situación abusiva
España es el país de la UE que destina un mayor presupuesto para su sistema judicial pero que cuenta con el menor número de jueces. También es el que lleva más retraso en la ejecución de sentencias. Y la parálisis en el CGPJ ha provocado una disminución del 14% de la plantilla de magistrados del Supremo y que se dicten 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas. Estos son tres de los datos recopilados por la Fundación Hay Derecho en el informe ‘Midiendo el Estado de Derecho:
antes y después de la pandemia 2018-2021’ que ha elaborado con la cátedra de Buen Gobierno y Transparencia de la Universidad de Murcia, imitando uno que elabora cada año la Comisión Europea.
La recopilación hace un énfasis especial en la politización de la justicia y su impacto en la eficacia del sistema, pero también evalúa a otros poderes del Estado. Sobre el Legislativo destaca el abuso del decreto-ley. Sánchez ha tenido tantas situaciones de urgencia durante su mandato que ha utilizada una media de 2,8 veces por mes este instrumento recogido en la Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad sin apenas debate parlamentario y sin enmiendas. Récord absoluto en la etapa democrática. «Gobernar a golpe de decreto ley produce no sólo una disminución de la legitimidad de las normas, que no emanan del Parlamento sino del Poder Ejecutivo... sino también un acelerado deterioro de su calidad técnica» explica Elisa de la Nuez, secretaria general de la fundación y codirectora del informe.
Otro problema que señala el informe es el postureo legislativo. Esta situación se traduce en una entusiasta producción normativa causada por la necesidad de responder a un titular o una noticia. España, además, lidera desde 2016 el ranking de países con mayor número de procedimientos de infracción del derecho comunitario con 105 procesos abiertos en 2021, frente a los 31 y 48 de Dinamarca y Finlandia respectivamente. En materia de transparencia, destaca el creciente interés de los ciudadanos por obtener información pública que choca con la resistencia de la Administración a cumplir las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), como acaba de ocurrir con los informes sobre el salario mínimo que encargó la vicepresidenta tercera.
El análisis de los indicadores pone de manifiesto un deterioro persistente de nuestro Estado de Derecho que afecta a varias dimensiones esenciales para el correcto funcionamiento del mismo. Curiosamente, el deterioro siempre confluye en un mismo aspecto: el control del Ejecutivo es cada vez menor y más débil, ya sea porque el Gobierno burla al Legislativo, porque prescinde de las opiniones de otros poderes del Estado representados por organismos técnicos, o porque usa puertas giratorias para prevalerse de una influencia desmedida allí donde el derecho público no legitima su acción. «Frente a esta situación –concluye el informe–, que no es exclusiva de España pero que tiene características propias, no existen unos contrapoderes fuertes».