Un empresario acepta pagar 120.000 euros para evitar la cárcel por el caso ERE
Acepta una pena de un año y seis meses de cárcel y devolver el dinero que recibió
El caso ERE suma un nuevo hito. Por primera vez, uno de los empresarios que recibió subvenciones con cargo al sistema fraudulento de ayudas gestionado por la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE ha aceptado su condena antes del juicio. J.B.C., el dueño de la empresa Picos Yeyé y Cohollero, radicada en la localidad gaditana de Puerto Real y dedicada a la fabricación, comercialización y venta de productos de panadería, bollería y pastelería, ha reconocido los hechos y asumido la pena pactada entre el fiscal, las acusaciones y su abogado, renunciando así a pedir su absolución. Eso sí, en el acuerdo se ha hecho constar que no obtuvo lucro personal por la ayuda de 120.000 euros recibida. Para evitar el juicio que podría saldarse con una condena de prisión, el empresario ha accedido a devolver el importe de la ayuda a la Junta.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla suspendió el juicio que iba a celebrase ayer lunes tras alcanzarse un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones y la defensa del único acusado en este procedimiento, el administrador único de la citada empresa, que se sentaba en el banquillo como cooperador necesario de un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación, según informó el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA). El investigado aceptó la imposición de una pena de un año y seis meses de cárcel y el pago de 120.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Al tratarse de una pena inferior a dos años podrá evitar el ingreso en un centro penitenciario.
Petición de la Fiscalía
La Fiscalía solicitaba para este empresario dos años y nueve meses de cárcel y siete años de inhabilitación especial para cargo o empleo público, pero finalmente las partes pactaron la mencionada condena de un año y seis meses, a cambio del reconocimiento de los hechos y la restitución de la cuantía de 120.000 euros a las arcas públicas, como reclamó el Ministerio Público.
Según el escrito de acusación de la
Fiscalía Anticorrupción, J.B.C., administrador de la empresa Picos Yeyé y Cohollero, solicitó en julio de 2018 un ERE respecto a nueve empleados de la entidad «con la finalidad de suprimir uno de los tres turnos de fabricación por falta de pago de las facturas de su principal cliente, paralización inmediata de los pedidos pendientes de fabricar y la necesidad reducir la producción».
Aunque la Junta «disponía de subvenciones y ayudas públicas amparadas en la Ley autonómica 5/83», según el Ministerio Público, el empresario, «sabedor que podía obtener fondos públicos de la Junta de Andalucía al margen de los procedimientos legalmente establecidos, consiguió que el director general de Trabajo», Juan Márquez, «beneficiara injustamente» a su empresa con una ayuda de 120.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción expone que Márquez, «contraviniendo de forma clamorosa los intereses generales, sin que llegara a acreditarse en ningún caso el fin público de su aplicación, al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido, con el conocimiento y beneplácito de sus superiores» –que eran Agustín Barberá y Antonio Fernández como viceconsejero y consejero de Empleo, respectivamente– «contravino las más elementales normas de procedimiento en la gestión de los fondos públicos».
Los ex altos cargos están excluidos de esta pieza porque ya han sido juzgados en el juicio por el procedimiento específico del caso ERE, que en el caso de Márquez se saldó con una condena de tres años de prisión e inhabilitación absoluta durante siete años y seis meses, tras la rebaja aplicada por el Tribunal Supremo a la pena inicial de la Audiencia de Sevilla.
Una ayuda sin solicitud
«Sin tramitar expediente alguno, ni siquiera existir solicitud de la ayuda por parte de la mercantil beneficiaria, el 30 de diciembre de 2008, Juan Márquez, a sabiendas de que el dinero público procedente del programa presupuestario 31L no iba ser controlado por órgano fiscalizador alguno, sin competencia delegada para la concesión y ordenación de su pago, sin existir resolución de concesión de la ayuda, suscribió con el director general de la Agencia IDEA, Jacinto Cañete, un convenio de colaboración por el que se formalizaba el otorgamiento de ayudas a los trabajadores de la empresa», indica la Fiscalía.
El empresario «era conocedor» de que «en la decisión y disposición de los fondos de la Junta de la que iba ser beneficiaria Picos Yeyé se había prescindido injustamente del procedimiento legalmente establecido, pues no se tramitó ningún procedimiento».
La Fiscalía considera que el director general de Trabajo dio la ayuda contraviniendo «de forma clamorosa los intereses generales»