EL TC MÁS POLÍTICO Y PARCIAL
La designación unilateral de Juan Carlos Campo y Laura Díez por parte del Gobierno no solo suscita dudas sobre su legalidad, sino anticipa un tribunal bajo férreo control de Sánchez
EL Gobierno dio ayer su paso más contundente y arriesgado para forzar de manera unilateral la renovación de dos magistrados del Tribunal Constitucional, y garantizarse así no solo una composición afín en el órgano más politizado desde que comenzó su andadura en 1981, sino un blindaje de constitucionalidad para las leyes aprobadas por Pedro Sánchez y sus pactos con el independentismo. El paso es contundente porque nunca antes un Ejecutivo había provocado una quiebra institucional así al designar a dos magistrados con un perfil político tan marcado al servicio del PSOE; y es arriesgado porque ahora mismo se abre un periodo de incertidumbre, ya que el Gobierno ha tomado su decisión al margen del nombramiento de otros dos magistrados que debe realizar el CGPJ, y que estarán en el aire al menos hasta el 22 de diciembre.
El Consejo de Ministros ha designado al que fuera ministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la catedrática de Derecho Constitucional Laura Díez. A lo largo de cuatro décadas, tres juristas que habían sido ministros accedieron al TC. Pero jamás se había dado que fueran titulares de Justicia con el mismo presidente que los propone, lo que envía un mensaje político nítido: las puertas giratorias siguen vigentes, la independencia de criterio es una quimera, y nada queda de toda aquella palabrería con la que La Moncloa se ha empeñado en repetir durante meses que su interés es despolitizar la Justicia. Lo mismo ocurre con Laura Díez. Había sido ‘fontanera’ de La Moncloa con este Gobierno en el departamento del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y después ha ocupado la vicepresidencia del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña, un organismo que el independentismo equipara a una suerte de ‘TC catalán’. Además, es una catedrática muy significada en favor de la política lingüística del Govern y participó del asesoramiento y redacción del Estatuto de Cataluña cuando fue reformado –y derogado parcialmente después– durante la etapa de Rodríguez Zapatero. La tendencia ideológica de ambos es tan notoria como la sospecha de que llegarán al TC con prejuicios de obediencia debida y disciplina de partido. Su presunción de imparcialidad queda viciada de origen, y esta es la prueba de que Sánchez no solo quiere garantizarse una mayoría de votos suficiente en el TC –la que le toca por ley– sino que además se visualice un control férreo, sin fisuras ni disidencias.
Estos nombramientos abrirán en las próximas semanas muchos debates. Pero el más relevante ahora, aparte de las dudas de legalidad que suscita esta técnica de nombramientos, es en cuántas deliberaciones de recursos de inconstitucionalidad o de amparo tendrán que abstenerse bajo el riesgo de ser recusados. Un ministro que fue el redactor de los indultos a los independentistas, coproponente de la ley del ‘solo sí es sí’, o miembro de un órgano colegiado como el Consejo de Ministros, estará contaminado desde el primer día. Lo mismo ocurrirá con los recursos sobre cuestiones vistas por el Ministerio de Presidencia, que son la inmensa mayoría. Y su pública posición ideológica respecto a la negociación y cesión al separatismo también anticipa su voto sea cual sea la cuestión en discusión que afecte a Cataluña.
Queda al margen por ahora un posible choque institucional entre el Gobierno y el TC que no debería producirse. El artículo 159 de la Constitución establece con claridad que renovaciones como estas deben llevarse a cabo por tercios de los doce magistrados del TC, y esta se ha acometido en un sexto. Interpretaciones aparte y si el CGPJ no designase a nadie el 22 de diciembre, el problema se recrudecería porque podría entenderse que la renovación es incompleta, y por tanto ilegal. De momento, la conclusión es que el perfil de los elegidos deja muestras patentes de que Sánchez no hace prisioneros en ninguna institución.