El TC descarta avalar los nombres del Gobierno sin tener los del CGPJ

Tiene previsto «tomar conocimiento» de la comunicación y esperar al pleno del Consejo del 22 de diciembre

El nombramiento de los dos candidatos del Gobierno para el Tribunal Constitucional no abrirá una nueva brecha institucional. Al menos de momento. Esa es la voluntad de los magistrados, que son conscientes de la crisis interna y externa que supondría poner sobre la mesa una renovación por sextos que la Carta Magna no prevé. Lo prudente ahora es esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mueva ficha, transmiten desde el TC, y ver qué resuelve el órgano en el pleno ordinario que tiene previsto celebrar el próximo 22 de diciembre. Descartan avalar así los nombres del Gobierno mientras no tengan los del CGPJ también sobre la mesa.

De esta forma, y según fuentes del TC, los magistrados se limitarán a «tomar conocimiento» de la comunicación del Ejecutivo –informando de sus dos nombramientos– y a trasladarla al CGPJ, de quien depende la propuesta de los otros dos magistrados, que, junto con los dos del Gobierno, permi

PEDRO GONZÁLEZTREVIJANO

El presidente del TC tiene en sus manos la convocatoria del pleno que ha de dar el plácet a los cuatro magistrados que corresponden a cada renovación, una iniciativa que puede partir también de tres miembros del Tribunal. De momento el órgano quiere ser prudente y dar un margen al CGPJ para que materialice su propuesta tirán la renovación del tercio del TC que se tenía que haber producido el pasado 12 de junio y que dará el control del Constitucional a la mayoría progresista.

En el Tribunal son conscientes también de las implicaciones que tendría que el día 22 no salieran del CGPJ dos nombres consensuados, pero de momento no se plantean un escenario en el que tres miembros del órgano pudieran forzar al presidente, Pedro González Trevijano, a convocar un Pleno en el que se permitiera tomar posesión a solo dos de los cuatro magistrados que hay que renovar. La jugada, con la que el Ejecutivo ya conseguiría esa ansiada mayoría progresista, tendría tachas de inconstitucionalidad, subrayan, teniendo en cuenta que el artículo 159.3 de la Carta Magna establece que los miembros del TC «serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres».

En el TC consideran que al depender estos nombramientos de dos voluntades distintas, Gobierno y CGPJ –a diferencia de la renovación de los otros dos tercios, que dependen del Congreso y del Senado, respectivamente–, es hasta lógico que no trasciendan los cuatro nombres al mismo tiempo y que haya un margen razonable entre el anuncio del Gobierno y el del Poder Judicial o viceversa, un periodo que señalan de 12 a 25 días. Incluso en la renovación de Gobierno y CGPJ del año 2004, durante el último gobierno de José María Aznar, los magistrados nombrados por el Poder Judicial no tomaron posesión hasta que dos meses después, una vez celebradas las generales tras los atentados del 11-M, el Ejecutivo de Zapatero propuso a los suyos.

No obstante, en el peor de los escenarios y ante un bloqueo ‘sine die’ en el CGPJ, sería bastante ingenuo pensar que desde el Ejecutivo no se hará todo lo posible por materializar la toma de posesión de sus dos magistrados, aunque eso pase por intentar recusar a los dos magistrados por los que tienen que ser sustituidos los nuevos y que en su momento fueron nombrados por el Gobierno de Rajoy: el propio presidente del TC y el magistrado Antonio Narváez. Sacarlos de la ecuación permitiría que los magistrados que se queden en el Pleno que tiene que dar el placet fueran ya mayoría progresista y pudieran avalar los nombres de Campo y Díez sin esperar a sus compañeros. Sin embargo, esas recusaciones tienen pocas posibilidades de prosperar: hasta ahora siempre ha sido el Pleno en su totalidad (magistrados salientes incluidos) el que ha dado el visto bueno a los nuevos magistrados.

Entretanto, fuentes del grupo conservador del CGPJ aseguran que no se sienten concernidos por el movimiento que ha hecho el Ejecutivo y que enmarcan en una estrategia de presión con la que Sánchez intenta presentar sus debilidades como fortalezas: han pasado tres meses de la fecha tope que el PSOE introdujo en la reforma que levantó el veto de los nombramientos sólo para el TC y lo cierto es que los dos bloques no han conseguido consensuar dos candidatos, algo necesario teniendo en cuenta que tienen que salir adelante con mayoría de tres quintos, con 11 votos de los 18 posibles.

De momento, en el CGPJ siguen con su hoja de ruta y con el horizonte del Pleno del 22 de diciembre como la primera fecha en la que esos nombres podrían seguir adelante. Lo cierto es que la insistencia de los progresistas en José Manuel Bandrés (sin contemplar la posibilidad de que sea sometido a votación también el también progresista Pablo Lucas) está encallando el avance de las negociaciones.

RAFAEL MOZO

El presidente del CGPJ tiene la responsabilidad de procurar el acercamiento entre los grupos conservador y progresista para sacar adelante dos nombres para el TC, un empeño que contribuyó en buena medida a la caída de Lesmes. Mozo, hasta hace poco negociador del bloque progresista, será quien reciba la comunicación del TC sobre los nombramientos del Gobierno