Otros presidentes eligieron juristas de prestigio sin vínculos partidistas
Todos los Gobiernos anteriores han propuesto como magistrados del Tribunal Constitucional (TC) a juristas de reconocido prestigio. Y ninguno de ellos con las connotaciones partidistas de Juan Carlos Campo, ministro de Justicia de Pedro Sánchez hasta el año pasado, cuando tuvo que volver a ponerse la toga en la Audiencia Nacional después de tres décadas en distintos cargos políticos siempre por el PSOE.
El Gobierno de turno renueva cada nueve años sus dos candidatos en el TC. La última vez le correspondió a Mariano Rajoy en 2013, cuando eligió a Pedro González-Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional y exrector de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), y al magistrado Enrique López, que llevaba ocho años en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Este último tuvo que dimitir al año siguiente y fue sustituido por el entonces número dos de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Antonio Narváez. En 2019, López entró en política de la mano del PP como consejero de Isabel Díaz Ayuso.
La renovación anterior se produjo al inicio del primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Los elegidos en 2004 fueron otros dos reputados catedráticos de Derecho Constitucional como Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, ninguno de ellos con trayectoria política. Y la última pareja propuesta por el Gobierno del primer presidente socialista también incluía candidatos de prestigio académico y jurídico. En 1995, justo antes de perder el poder, Felipe González propuso a otros dos catedráticos: Manuel Jiménez de Parga y Tomás Vives. El primero había sido ministro de Trabajo con Adolfo Suárez dos décadas antes y durante apenas siete meses, entre 1977 y 1978, cuando ni siquiera se había creado el TC, que llegó a presidir en el segundo mandato de Aznar. Vives, por su parte, también fue vicerrector de la Universidad de Valencia en 1980.