Quiñones resalta el respaldo de Europa para que el Gobierno ‘cambie’ con el lobo
Considera que Ursula von der Leyen avala las tesis de la Junta al pedir un análisis sobre la expansión del cánido Pide al Ministerio que piense más en el medio rural y la ganadería «y menos en la Castellana»
El último pronunciamiento de la Comisión Europea en torno a la protección del lobo ha sido considerado por la Junta de Castilla y León como un aval a sus tesis de que la expansión de este animal hace más necesario que nunca mantener la caza al norte del Duero frente a la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de prohibirla y aumentar su nivel de protección. Al acuerdo del Parlamento Europeo adoptado la semana pasada de pedir a la CE que tome medidas para cambiar el estatus del cánido para mitigar los daños que ocasiona en la ganadería y en el medio rural, se suma ahora una carta de la propia presidenta, Ursula von der Leyen, en respuesta a eurodiputados del PP. En ella, encarga un «análisis en profundidad» sobre el incremento de las poblaciones de lobos en algunas regiones de la Unión Europea para poder hacer una evaluación «exhaustiva» que permita determinar si es necesario modificar la protección de esta especie.
Para el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, un aspecto «muy importante» de la misiva es que contradice el planteamiento
del Ministerio ya que Von der Leyen reconoce el regreso de los lobos a regiones en las que han estado ausentes durante mucho tiempo e, incluso, apunta a su entrada en nuevas zonas, lo que se traduce en un aumento de conflictos, «que se han intensificado» como ataques al ganado y riesgos para la población local». Por eso, urge a la Comisión a que inicie una revisión de la Directiva Hábitats para que el cánido deje de estar «estrictamente protegido». Además, recuerda que los Estados miembros gozan «de considerables posibilidades de establecer
excepciones a las prohibiciones del régimen de protección estricta», que pueden ser en interés de la salud y la seguridad públicas, o de carácter social y económico.
Con estas dos posiciones de las instituciones europeas se demuestra que «el Gobierno de España camina en sentido contrario», aseguró ayer, tras el Consejo de Gobierno, Suárez-Quiñones. «La presidenta de la Comisión reconoce que el lobo ha regresado y se expande, justo lo contrario de lo que afirma la ministra Teresa Ribera que considera que está en regresión», señaló el consejero, por lo que reclamó al Ministerio que no remita a Europa datos erróneos. El titular de Medio Ambiente consideró «muy importante» la posición de Von der Leyen de pedir un análisis exhaustivo y se quejó de que «el Gobierno de España haya endurecido el régimen de protección que la presidenta de la Comisión Europea duda que sea el adecuado, por lo que habría que flexibilizar y dulcificar». «Le pedimos responsabilidad –insistió– y que piensen en el medio rural y la ganadería y no tanto en La Moncloa y La Castellana». Y aprovechó para vol
ver a reclamar el pago de 8,8 millones de euros a los ganaderos de la Comunidad, una partida acordada en la Conferencia Sectorial y que se adeuda sólo a Castilla y León y Galicia por razones «políticas», señaló el consejero, que, a su juicio, tienen que ver, precisamente, con la postura de estas dos comunidades de pelear para conseguir reducir la protección del lobo.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio fue ayer la gran ‘agraciada’ en el Consejo de Gobierno de ayer en el que se dio el visto bueno a 31 proyectos por un importe de 107 millones de euros. El más importante por su cuantía se refiere a cuatro actuaciones de restauración ambiental con una inversión de 70 millones a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) y la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA) en más de 1.000 hectáreas de espacios mineros de la provincia de León, lo que permitirá crear más de 150 empleos. La actuación más importante, que acapara la mitad de la superficie, se proyecta en la Gran Corta de Fabero, de 722 hectáreas, a las que se suma las de Tremor de Arriba, Torre del Bierzo y Villagatón.
Sierra de la Paramera
El Consejo de Gobierno también acordó destinar a La Sierra de la Paramera (Ávila) una inversión de 3.348.084 euros para paliar las consecuencias ambientales causadas por el incendio forestal ocurrido en agosto de 2021, que afectó a las localidades abulenses de Burgohondo, El Barraco, La Hija de Dios, Mengamuñoz, Mironcillo, Narros del Puerto, Navalacruz, Navalmoral, Navarredondilla, Riofrío, San Juan de la Nava, San Juan del Molinillo, Solosancho y Sotalbo.
También se decidió conceder subvenciones directas por importe total de 17.682.735 euros a once entidades (9 consorcios y 2 ayuntamientos) de todas las provincias de Castilla y León para financiar la construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente. Con ello se pretende avanzar en el cumplimiento de los nuevos objetivos comunitarios en materia de gestión de residuos municipales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Relacionado con los incendios de este verano aunque, en este caso, la actuación parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, se autorizó la anunciada subvención de 5.004.000 euros a las nueve diputaciones y el Consejo Comarcal de El Bierzo para contratar a 400 desempleados para trabajos forestales. La Junta anticipará el 100% de la cuantía comprometida a las entidades locales con el fin de inyectarles liquidez.