La Justicia naufraga en Palma y en las lágrimas de un fiscal
Enviado para salvar los muebles, Tomás Herranz se quebró en el juicio al ver que toda la macrocausa era «injusta»
No es el fiscal de Anticorrupción Tomás Herranz el único que tiene razones para llorar por lo que ha pasado en los juzgados de Palma de Mallorca con la macrocausa fallida sobre el empresario Bartolomé Cursach. Pero fue él quien lloró el miércoles, delante de un micrófono, mientras enunciaba el informe de la Fiscalía que ponía fin al juicio oral en una sesión que estaba siendo retransmitida por internet para todo el que quisiera verla. El fiscal se quebró después de reconocer que la Justicia había naufragado en las Islas. Que la mayor causa sobre corrupción de la historia balear era un fraude y que ninguno de los 23 acusados había cometido delito. «No lo han hecho», dijo con desazón.
Un «fracaso sin paliativos», subrayaría en su discurso, en el que la tela que cortar, –y queda mucha–, no había estado en el banquillo durante 36 intensas sesiones. Citó a Rossini para poner de manifiesto que sus acusados –porque aunque no lo parezca, la Fiscalía acusaba–, habían sido «calumniados». Y con el parafraseo del ‘Barbero de Sevilla’ enlazó lo que parecía una explicación de lo ocurrido: «Un vientecillo», dijo, que nubló el discernir del equipo investigador: el juez instructor, Manuel Penalva; el fiscal también de Anticorrupción Miguel Ángel Subirán, y cuatro policías de antiblanqueo.
Coacciones, prisión...
Cinco años bajo secreto sumarial, coacciones a testigos, declaraciones cuestionables, medidas arbitrarias de prisión provisional, amenazas a abogados, un ayuntamiento entero intervenido sin sustento, terror... Todo eso que cuentan ahora los letrados de las defensas y que durante la instrucción nadie escuchó, lo había visto Tomás Herranz antes de sentarse y llorar delante de ese micrófono. También el tribunal, que pertenece a la misma Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares que durante años confirmó cada paso que dieron Penalva y Subirán en el juzgado de instrucción. Algún abogado mencionaba estos días la sobrecarga de trabajo que tienen allí los tribunales. Otros justifican la falla desde un punto de vista si cabe, más preocupante: si un juez, un fiscal y un equipo de policías están de acuerdo, «es imparable».
Y lo de Palma fue una apisonadora. Empezó en 2013, con varias diligencias sobre actividades dudosas en la Policía Local. Lo llevaba la Guardia Civil para una jueza de instrucción. En 2014 el asunto cogió vuelo y para 2015, ya había un equipo de antiblanqueo de la Policía Nacional investigando junto a Subirán bajo batuta de Penalva. Unieron todos los casos en una macrocausa y bajo secreto, el asunto iba engordando sin oposición. Un centenar de personas han estado imputadas.
En 2017 Anticorrupción había cambiado de jefe. Alejandro Luzón impuso que el fiscal Juan Carrau se sumase al asunto, de modo que Subirán no llevase las riendas en solitario. Las defensas consultadas cuentan que fue más un cambio de forma que de fondo, porque el segundo siguió liderando en aquel año crucial. En marzo, Cursach fue detenido y enviado a prisión, como su número dos, Bartolomé Sbert, entre otros. Los titulares ya no hablaban del rey de la noche balear, sino del «capo». Los informes de la causa a los que accedía la prensa le situaron como el mafioso que aplastaba a la competencia con la Policía a sueldo.
Carrau firmaba aquella petición de prisión que le tuvo un año entre rejas, igual que suscribiría el escrito de acusación que llegaría en diciembre de 2018. Más de ocho años de cárcel y 23 personas al banquillo. El miércoles, mientras Herranz se quebraba al decir que el empresario no cometió delito alguno, Carrau aguantaba el tipo sentado a su lado.
Herranz es una eminencia en delitos económicos, llegó a decano de este área en la Fiscalía de Madrid. Cuando el caso Cursach tocaba techo, él aterrizaba en Anticorrupción. De perfil discreto, es de los que echan horas, «estudioso», se dice. Entraba la primavera de 2019 cuando Luzón, en un gesto de confianza, le encomendó salvar los muebles en Palma junto a Concha Sabadell, conocida fiscal de Gürtel. Para entonces, el caso estaba terminado en espera de fecha de juicio, pero hacía aguas ya por todas partes. La prensa revelaba los chats de Penalva y Subirán. En uno, el juez decía a una testigo que los imputados eran «unos hijos de puta». La Audiencia Provincial, esta vez sí, dio la razón a las defensas y le apartó por no parecer imparcial. Anticorrupción hizo lo propio con Subirán y los investigadores mutaron en investigados. Están ahora pendientes de juicio. Cursach les pide tres décadas de cárcel.
De la retirada al perdón
Entre tanto, el gran juicio se avecinaba. Sabadell había saltado a la Fiscalía Europea y «el fiscal de Madrid», como le conocen allí, no podía hacerlo solo. Así acabó Carrau escuchándole decir que lo que firmó con Subirán no valía.
Fue un fin anunciado, no obstante. Al juicio llegó Herranz con el escrito ‘aseado’ y los delitos notablemente reducidos. Fuentes fiscales explican que al inicio pensaron que de algunos hechos sí había base, pero las pruebas que proponían acababan siendo de descargo. Se cruzó una línea de no retorno y Herranz llamó a su jefe. Había que recular del todo. Tras anunciarlo al tribunal, las acusaciones particulares también replegaron velas. Se absolvió así, de facto, a los acusados.
El día de marras, al fiscal le tocaba explicar por qué. Compungido, dejó claro que no es que se le cayera la prueba, es que nunca la hubo. Ahí, acabó pidiendo disculpas a los acusados para «reparar el daño», después de enlistar tropelías por las que los investigadores habrán de rendir cuentas. En la Sala le valió una ovación pero sus pares cuestionan el gesto por innecesario. Jaime Campaner y David Salvá, abogados de dos absueltos, dicen que «alguien tenía que hacerlo». Porque las lágrimas del fiscal fueron la puntilla, sí, pero no es el único que debería llorar ante la magnitud del naufragio.
El fracaso también afecta a la Sección Primera de la Audiencia de Palma, que confirmó cada paso del instructor y la Fiscalía