UNA CONSTITUCIÓN NECESARIA
Igual que se equivocó el año pasado Meritxell Batet con un discurso de partido y no institucional, se equivoca este año Vox negándose a celebrar el día de la Carta Magna
Eel cuadragésimo cuarto aniversario de la Constitución hay tantos motivos para reivindicarla como para preocuparse por su presente y su futuro como norma de organización política de España. La Constitución necesita lealtad por parte de los poderes públicos e independencia de los tribunales llamados a aplicarla y a defenderla. Una contemplación objetiva del estado actual del orden constitucional lleva a la conclusión de que la Carta Magna está inmersa en un proceso de deslealtad y desamparo. La finalidad última de esta situación degenerativa es la sustitución del pacto constitucional de 1978 por una imposición revisionista a cargo de la izquierda y de los separatismos. Hay muchas formas de hacer ineficaz una Constitución sin necesidad de derogarla ni de suprimir una sola coma. Basta con unos poderes políticos conjurados para que sus preceptos no maniaten las decisiones de gobierno y para que la influencia partidista de esos poderes sea cada vez mayor en las instituciones que, como el Tribunal Constitucional, deben actuar como contrapeso. El ejemplo más claro de esta voluntad coordinada de mutar el orden constitucional fue el Estatuto de Cataluña de 2006. Una muy contenida sentencia del TC anuló algunos de los artículos más abiertamente inconstitucionales, referidos justo al Poder Judicial. Pero lejos de ajustarse a esa declaración del TC, todos los pasos seguidos después por el PSOE y por sus aliados van por el mismo camino de implantar un sistema que no tiene nada de federal y sí de confederal.
Ahora, el método para socavar el orden constitucional es menos frontal y más disimulado, pero igualmente peligroso. Se trata de acumular hábitos, pactos y decisiones que, vistos por separado, no deberían ser alarmantes, pero puestos en conjunto arrojan el resultado de un proceso de desmantelamiento progresivo de la Constitución. Dos estados de alarma ilegales se saldaron sin dimisiones y con el irritante argumento de que «salvaron vidas». El encadenamiento de decretos leyes ha alterado la relación entre Gobierno y Parlamento, convirtiendo a las Cortes en un trámite engorroso, pero nada más, de la iniciativa legislativa del poder Ejecutivo. La ciudadanía española está suspendida allí donde hablar en castellano se castiga con la marginación, y los pactos con el independentismo suponen menoscabar todo aquello que implica el principio constitucional de la unidad de la nación. E indultar a condenados por sedición, y amnistiarlos después con la reforma de ese delito, es sinónimo de revocar con efecto retroactivo la aplicación del 155 de la Constitución y deslegitimar la defensa penal del Estado.
Una Constitución es la definición de un Estado, no una argamasa irrelevante sobre la que pueda imponerse un gobierno. La Carta Magna está por encima de cualquier presidente, y también del que ahora preside España. Lo que preserva la Constitución, lo que hay que garantizar, es la pervivencia del Estado, no la supervivencia de un Gobierno, y su grandeza reside precisamente en permitir dentro de la Carta Magna la existencia de partidos que abjuran de ella, o que están empeñados en derogarla por la vía de los hechos consumados. El error se produce cuando un Gobierno no quiere preservar el Estado al que pertenece, pero esa preservación es precisamente el reto que tienen encomendado todos los partidos. Por eso, igual que se equivocó el año pasado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, con un discurso de partido y no institucional, se equivoca este año Vox negándose a asistir a los actos oficiales conmemorativos de la Constitución porque sí hay mucho que celebrar. La Constitución, llegue a reformarse algún día o no, es la solución, no la culpable.