Estado de sitio
Las próximas elecciones son la última oportunidad para impedir el asalto final a la Constitución y a España
LA Constitución Española celebra hoy su cuadragésimo cuarto cumpleaños en estado de sitio. Sostenida por el Rey, por un poder judicial acosado con ferocidad y por una oposición más mansa de lo que la pieza en juego demandaría, resiste a duras penas el despiadado asalto desatado contra ella por el Gobierno llamado a protegerla. Un Ejecutivo uncido al yugo de los peores enemigos de España, cuyo presidente ha puesto su destino y el nuestro en manos de los independentistas que llevan décadas aprovechando cada resquicio legal, cada situación de inestabilidad parlamentaria y cada ventana abierta a la tolerancia para minar las defensas de este bastión democrático custodio de nuestra patria.
La Carta Magna del 78 no fue fruto de la imposición ni satisfizo por completo a una parte de los españoles a costa de agraviar al resto, tal como pretenden hacernos creer los que reescriben el pasado en nombre de falsas memorias. Antes, al contrario, nació de un amplio consenso alcanzado a costa de incontables renuncias. Desde el momento de su aprobación, quienes hubieran preferido un Estado más centralizado, que eran muchos, asumieron y acataron el modelo autonómico, sin más excepción que la de algunos nostálgicos vencidos, juzgados y condenados a elevadas penas. Los nacionalistas, por el contrario, no han dejado de elevar el importe del chantaje hasta llegar a la intentona sediciosa primero indultada y después despenalizada por el mismo Sánchez que excarcela a los terroristas de ETA. Un presidente rehén de quienes le mandan, que ahora necesita desesperadamente controlar el Tribunal Constitucional a fin de hacerle comulgar con las ruedas de molino exigidas por sus amos. Por ejemplo, un referéndum que revoque la «indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», consagrada en el Artículo 2. Al fin y al cabo, ya hace tiempo que dejó de aplicarse el siguiente, que define el castellano como «la lengua española oficial del Estado» y establece que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Que se lo digan a esos millares de niños víctimas de la inmersión lingüística o a quienes han perdido sus empleos a causa de la tiranía impuesta en varias comunidades. La Constitución los ampara, sí, pero quien juró hacerla cumplir carece de convicción, de dignidad y de coraje para honrar su propia palabra y el cargo que desempeña.
Las grietas se van ampliando a medida que los cimientos sucumben a un minado implacable. Los planes de educación suprimen la enseñanza de la historia o la filosofía e igualan hacia abajo castigando la excelencia, con el propósito de hurtar a la nación los pilares sobre los que se asienta y privar a los ciudadanos de toda conciencia crítica. El tiempo apremia. Las próximas elecciones son la última oportunidad para impedir el salto final a la Constitución y a España.