Europa sube el tono contra la gestión de Sánchez en Justicia
El Grupo Popular pidió ayer que Llop acuda a la Eurocámara a explicar la reforma de la sedición
La situación de la justicia en España preocupa cada vez más en Europa, desde donde llegan constantes mensajes dirigidos al Gobierno de Pedro Sánchez, al que se le reprocha su falta de reacción ante las recomendaciones en todos los sentidos para reducir la intervención de la política en su funcionamiento y la percepción que tienen de ello los ciudadanos. Los últimos dos pasos que llegan desde distintas instituciones, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, aumentan la presión sobre el Ejecutivo español que de no reaccionar se va a ver señalado como un elemento discordante en los usos que se consideran básicos dentro de la UE o el Consejo de Europa. En la Eurocámara, donde es cada vez más evidente que el asunto del respeto al Estado de derecho en España lleva camino de convertirse en una disputa política, se tramitaba ayer la petición de comparecencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, para que explique la necesidad de llevar a cabo la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición, mientras que desde el Consejo de Europa llega un informe en el que se lamenta que no se haya logrado renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni se haya reformado el sistema de elección de sus miembros en la línea requerida de dar mayor protagonismo a los propios jueces.
El Grupo Popular en el Parlamento Europeo pidió ayer la comparecencia de la ministra de Justicia Pilar Llop en la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento Europeo, para que explique los planes del Gobierno español de reformar el delito de sedición. La ministra no está jurídicamente obligada a acudir, pero lo habitual en estos casos es que los miembros del Gobierno de los países miembros atiendan este tipo de solicitudes. Sin embargo, su compañero de gabinete, el responsable de Interior Fernando Grande-Marlaska también ha sido llamado formalmente pero hasta ahora se ha negado a comparecer.
El eurodiputado popular Javier Zarzalejos, que es quien ha presentado la solicitud de comparecencia de la ministra Llop, considera que esta debe dar explicaciones sobre las últimas gestiones de su competencia que afectan al Código Penal. Según Zarzalejos, se trata «de una serie de reformas que están siendo seriamente cuestionadas tanto por organizaciones profesionales como por la sociedad civil, pues debilitan nuestro Estado de derecho. Por eso, hemos considerado conveniente elevar el debate a nivel europeo», sobre todo porque «no es cierto que exista ni una obligación, ni una necesidad de alinear este delito con ningún tipo de delito europeo. De hecho, la armonización del delito de sedición no está en la agenda de la UE».
La petición de Zarzalejos sigue a la carta a la Comisión Europea que envió el viernes el Partido Popular Europeo (PPE) para denunciar lo que consideran «el último asalto institucional de Pedro Sánchez» con la designación como magistrados del Tribunal Constitucional al anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a Laura Díez Bueso. La carta está dirigida a la vicepresidenta Vera Jourová, responsable de Valores y Transparencia, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, que visitó Madrid en septiembre para intentar convencer al Gobierno de que ha de aceptar una reforma legal que permita que los miembros del Consejo
General del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces. En la carta, además de insistir en que no se debería designar para puestos como el Tribunal Constitucional a quienes han ocupado cargos de peso en el actual Gobierno, dado que tendrán que pronunciarse sobre la constitucionalidad de leyes y decisiones que ellos mismos han tomado, los populares expresan su «preocupación y alerta con respecto a estas decisiones del Gobierno español, que, a nuestro juicio, constituyen una flagrante violación de las reiteradas recomendaciones de la Unión Europea para la despolitización de la justicia, en la medida en que puedan llegar a influir y restringir el correcto funcionamiento y las decisiones independientes del máximo órgano de garantías constitucionales».
Reynders, ha advertido de que si no se avanza en el campo de la despolitización de la justicia, no dejará de denunciarlo en el informe sobre el respeto de los valores fundamentales que se publicará en verano, justo en el momento en el que comienza el semestre de presidencia de española, lo que sería un hecho inédito en los usos políticos comunitarios.
Falta de avances
Desde el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo (Francia), el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) publicó ayer un informe en el que lamenta la falta de avances en la renovación del CGPJ y pide al Gobierno que solucione una situación que considera «crítica». En su opinión la situación del poder judicial en España es «altamente insatisfactoria» e insta al Gobierno a «tomar medidas decididas en esta área clave» que suscita «una preocupación sustancial».
El informe publicado ayer corresponde a la ejecución de sus recomendaciones hechas en 2014 y por ello recuerda que desde entonces está reclamando a España que lleve a cabo una evaluación del marco legislativo por el que se rige el CGPJ, así como de sus efectos sobre la «independencia real y percibida» del órgano de gobierno de los jueces frente a «cualquier influencia indebida» y concluye que esa recomendación de eliminar la intervención de los partidos políticos no ha sido atendida.