El Parlamento Europeo enviará en febrero una misión para auditar el uso de los fondos UE
Los parlamentarios pedirán las facturas del empleo de los primeros 11.500 millones de euros
La Comisión de Control Presupuestario (Cocobu) del Parlamento Europeo ha decidido enviar una misión oficial a España para verificar el uso de los primeros fondos de recuperación que recibió el Gobierno. Esta será la primera intervención de la Cocobu en el escrutinio del estos fondos, que a su vez son los primeros que la UE ha concedido antes de que se inviertan y no como sucede normalmente con los fondos estructurales, que se reembolsan una vez que el proyecto ha sido ya construido.
La decisión de enviar esta comisión de control a España entra dentro de las funciones de esta comisión que debe cuadrar el presupuesto de la UE del año 2021 y para ello quiere saber qué ha pasado con los 11.500 millones de euros que recibió España a finales de aquel año. Puesto que el Gobierno se empeñó en ser el primer país en solicitar los fondos y presentar sus planes de recuperación, también va a ser el primero en ser analizado.
El análisis de la Cocobu es esencialmente contable, es decir, no se centra tanto en decidir si tal o cuál gasto es adecuado o si ha tenido el efecto esperado, sino que quiere saber exactamente dónde han ido a parar esos fondos que vienen del presupuesto europeo.
La presidenta de esa comisión es la popular alemana Monika Hohlmeier, que en octubre en una comparecencia parlamentaria del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, expresó claramente su descontento ante la falta de transparencia del Gobierno español respeto al uso de esos fondos. «No quiero aparecer ante la opinión pública y decirles que aquí tenemos 10.000 millones más 1.500 millones de prefinanciación que ya se han dado a España, lo que representa el 13% de lo que ya han recibido todos los Estados miembros y no le puedo decir a nadie qué se ha hecho con ese dinero», dijo en aquella ocasión.
En los próximos días los miembros de esta comisión parlamentaria han de pactar la composición y la agenda de la visita que se llevará a cabo del 20 al 22 de febrero y cuyo propósito esencial es que el Gobierno le enseñe las facturas del uso que ha hecho de esos fondos.
La eurodiputada popular Isabel Benjumea considera que esta visita de la Cocobu a España «está plenamente justificada ante las denuncias de retrasos en la ejecución y la falta de transparencia del Gobierno» además, para reclamar en concreto el incumplimiento del Hito 173 que se refiere precisamente al sistema informático de control de los gastos. «Vendrán a pedir las facturas y a pedir explicaciones de en qué se han gastado esos fondos o de por qué no se han gastado».
El Parlamento Europeo hizo del control de los fondos de recuperación una bandera esencial cuando se diseñó este mecanismo para ayudar a que los países aprovechasen el parón forzoso de la economía a causa de la pandemia para renovar sus estructuras y acelerar la transición hacia las energías renovables.
La decisión de enviar esta misión parlamentaria, que no sería extraordinaria si no fuera porque es la primera que se hace sobre los fondos de recuperación, se añade a otras gestiones que se han llevado a cabo en el Parlamento y que pueden poner en problemas al Gobierno español en Europa, precisamente el año en el que le corresponde ejercer el semestre de presidencia en la segunda mitad del año que viene.
Ayer, el consejo de ministros de Economía de la zona euro decidió que a partir de primeros de año va a proceder a analizar la eficacia de las medidas de compensación por los altos precios de la energía. El presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, reelegido para un segundo mandato, dijo que «en 2023 examinaremos mes a mes nuestras medidas para asegurar que son más específicas y centradas en los hogares vulnerables y las empresas viables que están temporalmente expuestas» a los altos precios de la energía a causa de la guerra de Ucrania.
Por su parte, el Consejo de ministros de Finanzas (Ecofin) de toda la UE que se celebra hoy analizará precisamente la decisión de congelar 7.500 millones de euros de fondos de recuperación para Hungría, porque el Gobierno de aquel país no ha llevado a cabo las reformas que se le exigen en materia de respeto al Estado de derecho. La decisión la tomarán los presidentes en el Consejo Europeo.