Alicante y Murcia litigarán contra el hachazo del trasvase del Tajo
El aumento del caudal ecológico del río en Aranjuez pone en peligro 15.000 empleos
El enésimo capítulo de la «guerra del agua» a cuenta del trasvase del Tajo al Segura se ha saldado con una derrota para los regantes de la cuenta receptora ante la que el Gobierno de la Región de Murcia y la Diputación de Alicante pretenden responder con una estrategia conjunta de defensa jurídica y técnica, que contrasta con la «rendición» del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
El Plan Hidrológico del Tajo tiene previsto incrementar el caudal ecológico –que ya ha sido avalado por el Consejo Nacional del Agua– que en la práctica supondrá un recorte inmediato del veinte por ciento de las transferencias de agua para los regantes del Segura, que podría situarse en un cincuenta por ciento en el plazo de tres años. Los efectos económicos hasta 2027 de esta decisión superarán los 5.692 millones de euros y el despido de unos 15.000 trabajadores, de acuerdo con los cálculos de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante.
El informe prevé una merma para el regadío del Segura de 105 hm3 con el incremento de los caudales ecológicos, lo que supondrá que 27.000 hectáreas dejarían
de cultivarse. La subida del caudal ecológico en el Tajo sólo se produce en el tramo que reduce el trasvase para Alicante y Murcia, donde se concentran el 70 por ciento de las exportaciones españolas de frutas y verduras por un monto de 20.000 millones de euros al año.
Pese a ello, el Ministerio para la Transición Ecológica ha claudicado ante la presión del Gobierno de Castilla-La Mancha y los regantes de la cuenca cedente mientras ha ignorado tanto al Sindicato Central del Tajo-Segura como al Ejecutivo valenciano, que daba por hecho un acuerdo para preservar la transferencia. Al respecto, la Diputación de Alicante y el Gobierno de la Región de Murcia defenderán el trasvase, tal y como se recoge en el acuerdo que suscribieron ayer el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, y el presidente murciano, Fernando López Miras. Ambos dirigentes criticaron las «decisiones que, sin ningún aval técnico y científico, está adoptando el Ejecutivo de Pedro Sánchez, para acabar de forma inexplicable e injustificada con esta infraestructura», y acusaron al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y al PSOE de Murcia «de ser cómplices, con su silencio, de esta ignominia».
Doble discurso de Ximo Puig
El presidente valenciano contraprogramó la reunión entre Mazón y López Miras para anunciar que su formación «actuará con fortaleza, convicción y argumentos en defensa del Trasvase Tajo-Segura». Ximo Puig aseguró que «si el ministerio no actúa en consecuencia, tenemos claro que actuaremos en consecuencia pero desde la vía del diálogo y si fuera necesario, como hemos hecho en otras ocasiones, iremos a los tribunales para defendernos».
Estas palabras quedaron en una simple declaración de intenciones, toda vez que al mismo tiempo el PSPV-PSOE, junto a sus socios de gobierno de Compromís y Podemos, votaron en contra de una propuesta del PP en las Cortes Valencianas que planteaba emprender acciones judiciales por el nuevo recorte del trasvase del Tajo al Segura, que los regantes alicantinos y murcianos consideran «ilegal».
Frente a esta situación, López Miras y Mazón acordaron la presentación coordinada de alegaciones ante el Consejo de Estado contra el Plan Hidrológico del Tajo que consagra el aumento del caudal ecológico para torpedear el trasvase. Además, advirtieron de que si el Consejo de Ministros ratifica este documento «toda la maquinaria de la Diputación y del Gobierno de Murcia se pondrá en marcha para presentar los recursos necesarios antes todas las instancias judiciales que podamos».