El chico que quería estudiar en un aula como los demás pide justicia
▶La Fiscalía pide compensar a la familia que fue obligada a escolarizar a su hijo con Down en educación especial ▶Naciones Unidas falló contra España y reclamó la reparación, que dos años después sigue sin llegar
Los primeros ocho años de Rubén Calleja en un colegio ordinario público de León se desarrollaron con total normalidad. Asistía a clase, aprendía las lecciones con el apoyo necesario y disfrutaba con sus compañeros, a los que adoraba y con los que nunca tuvo ningún problema. Pero cuando cursaba cuarto de Primaria, sus padres recibieron una noticia que no esperaban: tenían que trasladar a su hijo a un centro de educación especial donde pudieran atenderle, a un colegio para niños con síndrome de Down, como él.
Sus padres, que no estaban de acuerdo con esta decisión, trataron de evitarlo y empezaron una lucha que a día de hoy continúa. Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso de casación en el Tribunal Supremo para escoltarles en su última batalla contra el Estado: una indemnización acorde con la guerra que han tenido que librar.
Los hechos se remontan a 2009, cuando les comunicaron que Rubén no podría seguir en el colegio al que iba desde pequeño. «Estuvo perfectamente adaptado e integrado en el colegio hasta que tuvo un tutor que se negó a tenerle en el aula, y ahí empezaron todos los problemas», recuerda Alejandro Calleja, su padre, a ABC. Denuncia además que se enteraron de que el docente también había maltratado a su hijo.
Comenzaron así una batalla que parecía culminar en 2020, cuando el Comité
de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de cuya Convención es parte España, concluyó que el Estado violó el derecho a la educación inclusiva de Rubén. En concreto, falló que las autoridades nacionales «no evaluaron los requerimientos específicos del niño» y «no adoptaron medidas razonables que pudieran haberle permitido permanecer en la educación ordinaria». «Se constató que en el caso de Rubén se violaron seis artículos, una barbaridad», lamenta el progenitor.
Fin a la segregación
El Comité de la ONU recomendaba en consecuencia que se le matriculase en un programa de formación profesional inclusivo, se le concediese una indemnización y se investigasen las denuncias de abuso elevadas por sus padres en el inicio. De paso, se conminaba a España a terminar con la segregación educativa de las personas con discapacidad.
Dos años después, ninguna de estas recomendaciones se ha cumplido. La reclamación de indemnización a la luz de la resolución de la ONU –por la que la familia solicita 350.000 euros, aunque considera que el daño es «irreparable»– se cursó ante el Ministerio de Justicia, pero fue desestimada por silencio administrativo. De ahí, al Contencioso de la Audiencia Nacional, donde una sentencia de finales del año pasado les negaba lo que pautaba el Comité por entender que sus resoluciones no tienen fuerza ejecutiva y no pasan de ser recomendaciones.
Además, las vulneraciones de derechos que recoge ese dictamen fueron analizadas por la justicia española y desestimadas en las distintas instancias mediante sentencias que ya son firmes. Aprecian así, cosa juzgada.
Pero la Fiscalía no está de acuerdo y por eso va en casación ante el Tribunal Supremo. Considera que los dictámenes del Comité son de «carácter vinculante» y que procede «dar cumplimiento a las obligadas medidas de reparación acordadas por el mismo», a través de la vía de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de
la Administración de Justicia, sin que ello suponga revisar las actuaciones procesales anteriores ni dejar sin efecto el valor de la cosa juzgada.
En el escrito de preparación del recurso de casación, al que tuvo acceso ABC, argumenta además que este asunto tiene interés de cara a marcar doctrina, de manera que el Supremo establezca si se puede o no otorgar la reparación que recomienda el Comité en este tipo de procedimientos pese a que no tiene naturaleza jurisdiccional o habiendo desestimado ya la justicia ordinaria las vulneraciones que la ONU sí recoge.
En esta consideración se apoya la familia de Rubén. «El Estado, lógicamente, debe cumplir con el dictamen. Como el resto de ciudadanos tenemos que cumplir las distintas resoluciones que haya, cuando el Estado firma algo libremente, como es el caso de la Convención, es vinculante y también tiene que cumplirlo», expone su padre.
Como la Fiscalía, Alejandro Calleja ve en el caso de su hijo un precedente para que ninguna familia con menores con discapacidad tenga que enfrentarse a este tipo de situaciones, «una lucha por los que vienen». «El Estado es responsable y tiene que asumir sus consecuencias y socialmente así se tiene que ver para que el resto de familias sepan que defender los derechos y la dignidad de sus hijos es útil», sentencia. «Si tenemos una sociedad diversa, tanto que se nos llena la boca –continúa–, tenemos que tener una educación inclusiva, estando juntos y no segregando».
Con trabajo
A día de hoy, Rubén, de 23 años, trabaja en una empresa como administrativo, presume su padre. Para ello, estudió un ciclo de Formación Profesional en Gestión Administrativa, tal como instó el Comité de la ONU. «Hace más de diez años, cuando se echó a Rubén de la escuela, para la administración era una persona agresiva, ineducable... Y hoy en día es una persona con derechos y dignidad que ha estudiado y trabaja en una empresa. ¿Quién tenía razón?», reflexiona el progenitor.
«El proyecto de una vida inclusiva de Rubén es una realidad», celebra Calleja, que destaca que, viendo la rutina que tiene su hijo hoy, sabe que la lucha para superar las trabas de estos años atrás, así como las que aún quedan pendientes, ha valido la pena: «Estamos muy convencidos de que si lo tuviésemos que volver a hacer, lo haríamos».