Más inversión pública para sacar de la ‘lista roja’ al 70% de los bienes culturales
La Ley de Patrimonio contempla un ‘fijo’ de cuatro millones de euros anuales Revisa el régimen de sanciones que pueden llegar a los 600.000 euros en las muy graves
«El patrimonio no son cenizas, son brasas y nuestra misión es reavivarlas para que sean futuro». Así describió ayer el consejero de Cultura, Turismo y Deporte la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Gobierno. Una nueva norma «muy, muy, muy necesaria» y «radicalmente novedosa», según Santonja, que sustituye a la de 2002 –«tenía insuficiencias obvias»– y que quedó en el ‘pendiente’ de las tres últimas legislaturas hasta que finalmente ayer vio la luz.
Con este nuevo texto, explicó el consejero, «hemos pasado de la concepción del patrimonio como legado a la de recurso cultural, económico y social». Y lo primero que se precisa es gestión, apuntó, precisamente el aspecto donde «fallábamos», sobre todo porque «se necesitan recursos». Así que uno de los aspectos más importantes que contempla el anteproyecto es el garantizar una inversión anual de cuatro millones de euros, hasta los 20 en cinco años, de forma que se supere el 1,5% cultural que, según explicó Santonja, entre 2015 y 2019 dejó una media de 1,8 millones. Con esta inversión se pretende que el 70 por ciento de los bienes culturales incluidos en la ‘lista roja’ de Hispania Nostra (por encontrarse en muy mal estado) salgan de esta relación.
Zona de amortiguamiento
Otra de las novedades del nuevo texto normativo es que los Bienes de Interés Cultural (BIC) contarán con una zona de «amortiguamiento, adyacente o no» para la protección adicional de sus valores, de acuerdo con el modelo internacional emanado de la Unesco. Esta nueva exigencia está pensada, por ejemplo, para los parques eólicos que, de esta forma, no podrían situarse cerca de un BIC. Precisamente, en el marco de esta figura de protección se contemplan dos nuevos reconocimientos: los conjuntos industriales y los paisajes culturales.
En cuanto al régimen de infracciones y sanciones, éste se ha revisado y,
así, en los casos leves las multas pueden llegar a los 10.000 euros; en los graves, a los 200.000, y hasta los 600.000 en los muy graves. En este punto, el consejero de Cultura advirtió de que «no voy a ser conciliador ni benigno si se ha producido un atentado cultural» y se refirió expresamente al sufrido en 1,2 kilómetros de la calzada romana de Castrocalbón (León). «Ni el presidente de la Junta ni yo, cuando lo visitamos, tuvimos en la cabeza una sanción leve», advirtió.
Otra de las novedades incluidas en el anteproyecto de ley es el Censo del
Patrimonio Cultural para la gestión de los bienes, como registro único de acceso público que dará mayor seguridad jurídica y facilitará la participación a los ciudadanos. Además, se establecerá nuevas figuras de gestión, como son los Sistemas de Patrimonio Cultural que se constituyen como una fórmula de gestión sostenible de un conjunto de bienes culturales, inscritos en el censo y asociados por temática o vinculados a un espacio físico. Este nuevo elemento permite la participación de los agentes sociales, reconociendo el protagonismo de la sociedad. Un ejemplo de sistema serán los Caminos de Santiago de la Comunidad, con el objeto de preservar y proteger los valores que testimonian la peregrinación a Compostela. Además, se recoge la clasificación de los Caminos y se determina su régimen de protección.
Gonzalo Santonja quiso reconocer durante su comparecencia la labor realizada por los funcionarios de la Dirección General de Patrimonio de su Consejería para diseñar una ley urgente porque «las realidades y las sensibilidades de la sociedad han ido cam