La huelga del Centro Estrada de León provoca ya demoras en la notificación de sanciones de tráfico
▶ Los sindicatos de la empresa adjudicataria de los servicios de la DGT denuncian la precariedad laboral
La huelga que mantiene desde el pasado lunes la plantilla del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de España ubicado en León, conocido como Centro Estrada, está provocando las primeras consecuencias en el servicio nacional que presta la empresa para la Dirección General de Tráfico (DGT), con la demora en la tramitación y notificación de las sanciones de tráfico captadas por imágenes. Una situación de momento sin visos de solución y que se puede ver aún más agravada si se mantiene la huelga convocada por la representación laboral hasta el próximo 7 de abril.
El servicio público que presta el Centro Estrada, que también incluye la atención del servicio telefónico 060 en materia de tráfico, está adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) CTDA, que ha visto incrementado recientemente el precio de licitación por los servicios que presta a la DGT al pasar de 57 a 83 millones de euros.
Este importante incremento sobre el anterior contrato no incluye cláusula de revisión salarial para los cerca de 300 trabajadores que componen la plantilla, lo que inició la reivindicación del comité de empresa denunciando en repetidas ocasiones cómo la mayor parte de los trabajadores cobra el Salario Mínimo Profesional (SMI) a pesar de que, según destacaron, realizan tareas que necesitan de capacitación tecnológica y cualificadas.
Esta situación llevó desde principios de año a distintas movilizaciones con concentraciones de protesta que finalizaron con la convocatoria de las primeras dos jornadas de huelga los días 8 y 12 de enero, que tuvieron un seguimiento masivo por parte del 90% de la plantilla.
Unas protestas justificadas desde los sindicatos UGT y CCOO por la precarización del empleo en uno de los centros tecnológicos llamados a liderar la gestión administrativa del Estado y que, según sus datos, se ha concretado en la pérdida de un 27% del poder adquisitivo de la plantilla en los últimos años. De esta manera, exigen una revisión del convenio colectivo para 2024-2027 con una subida salarial del 6% para el presente año y un incremento ligado al IPC para el resto de ejercicios. A su vez, también inciden en la necesidad de que el sueldo mínimo sea un 3% superior al SMI.
Los representantes de UGT, Carlos Vallaure, y de CCOO, Jesús Marín, consideran que las reivindicaciones planteadas son «absolutamente razonables y garantizan tanto la viabilidad de la empresa como la prestación de servicio». En este sentido, Marín resaltó que durante el último año un 10% de la plantilla se ha marchado debido
El Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas es una empresa privada creada en 2007 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que gestiona las notificaciones de sanciones de tráfico detectadas a través de imágenes de radares fijos, móviles y aéreos de la DGT, a lo que se unen las que captan las cámaras de los semáforos. a las condiciones salariales y que le sorprende el «inmovilismo de la Administración y, en concreto de la DGT, para tomar cartas en el asunto». Precisamente, el miércoles llevaron la protesta a la sede provincial de la Dirección General de Tráfico, mientras el lunes lo harán en la sede de Indra, una de las integrantes de la UTE.
La situación ha traspasado el puro conflicto laboral y se ha trasladado al tablero político ya que las formaciones políticas PSOE, PP, UPL e IU han servicio automatizado a lo que se unen otras tareas externalizadas de la DGT como es el caso de las altas y bajas de vehículos, así como los cambios de domicilio fiscal de los mismos, trámites que se pueden realizar a través de la web de la DGT o en el servicio telefónico 060, cuyas llamadas en materia de tráfico también se atienden desde León. mostrado en las últimas semanas su apoyo a lo que han calificado como «justas» exigencias. En esta línea, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, pidió públicamente a la DGT que «intervenga, medie y presione» para mejorar las condiciones laborales del Centro Estrada. Tudanca también admitió que la actual situación salarial no se corresponde con el incremento de actividad de la empresa.
El PP de León también pidió al Gobierno que se implique en la resolución de este conflicto colectivo. Tras reunirse también con el comité de empresa, la senadora popular Asunción Mayo advirtió de que «este es un servicio público de ámbito nacional que tendrá, si no se consigue solucionar, una repercusión en toda la geografía española, afectando a miles de españoles», por lo que «no se puede, desde el Ministerio del Interior y desde la Dirección General de Tráfico, mirar hacia otro lado».
Por su parte, el secretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y portavoz de los leonesistas en las Cortes, Luis Mariano Santos, también mantuvo un encuentro similar y reclamó al Ejecutivo central su mediación. A pesar de todo ello, la huelga continúa ante lo que los sindicalistas consideran «falta de acción» de la DGT a pesar de que los paros están siendo secundados hasta el momento por el 75% de los trabajadores, lo que amenaza con deteriorar el servicio público que a nivel nacional presta el Centro Estrada. Al respecto, los sindicatos denuncian la supuesta connivencia del Gobierno, que habría «permitido a la empresa incumplir los acuerdos de servicio, el contrato, en lugar de aplicar sanciones».