TSJ insta a no «paliar» con parches el atasco que la Abogacía ve «exagerado»
▶ Concepción señala que pandemia y huelgas agravaron problemas que «costará superar» ▶ Pide al Ministerio más medios para volver a las «cotas de excelencia» del ejercicio 2020
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, reconoció ayer que los problemas puntuales que se sufría en la Justicia de Castilla y León «se han multiplicado debido la pandemia» y se han acrecentado con las dos huelgas padecidas con posterioridad –la de secretarios judiciales y la de funcionarios– «provocando unos problemas muy importantes que nos va a costar superar». Unas declaraciones que realizó tras reunirse en la Audiencia Provincial de León con el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACyL), Julio Sanz, en el marco de la comisión mixta que se celebra periódicamente con el objeto de mejorar el funcionamiento y facilitar las comunicaciones entre la Abogacía y el Poder Judicial en Castilla y León y en la que los letrados trasladaron también su preocupación ante una «exagerada» dilación de los procedimientos en algunos juzgados.
Según Concepción, la Justicia en «nuestra tierra era, diría yo, ejemplar hasta el año 2020 por cuanto a los tiempos de respuesta que estábamos dando en las nueve provincias». Para regresar a esas «cotas de satisfacción y excelencia», el presidente del alto Tribunal pidió al Ministerio de Justicia que no trate de «paliar» los problemas de Castilla y León con la creación de tres o cuatro nuevas unidades judiciales. Las «necesidades de Castilla y León son mucho más ambiciosas» ya que «necesitamos que se creen todos los juzgados que la sala de gobierno precisa».
La reunión de ayer trató de diagnosticar los problemas de la Justicia para aunar las fuerzas de ambos colectivos «para que quien es responsable de poner los medios personales y materiales para reforzar juzgados y tribunales» se «haga eco de este problema» y «dé las soluciones que pedimos», añadió Concepción. El próximo 30 de abril el TSJ va a presentar la memoria de actividades del pasado año y de necesidades del territorio, donde se puntualizará la actual situación de la Justicia en la Comunidad con las peticiones expresas al Ministerio
para que «palíe los problemas». Más allá de estas solicitudes estructurales «cuando haya una solicitud razonable para reforzar un órgano judicial que esté atravesando por problemas puntuales», instó Concepción a que «se atienda con celeridad».
Entre estos problemas detectados, además de la necesidad de nuevos juzgados que desbloqueen la carga judicial acumulada, se encontraría la obligación de reforzar los gabinetes psicosociales que atienden los litigios en derecho de familia en los pleitos que exigen un informe de esta naturaleza, sobre todo en casos de separación y de divorcio en el
50%
mayor es el volumen de asuntos que estaban pendientes al cierre de 2023 en los juzgados de Castilla y León respecto a los de 2019.
2020
El Covid engrosó el atasco. El cierre del país limitó la entrada de asuntos pero aún más cayeron los procesos que se pudieron resolver. Las que se ven involucrados menores. A este respecto, Concepción señaló que estos casos se «demoran mucho más allá de lo deseable». Su falta de medios está provocando que en vez de resolverse en cinco meses como antes se haga en doce.
Por su parte, Sanz trasladó las «dificultades con las que nos encontramos la abogacía en el día a día y el ánimo de colaborar porque estamos en un momento de dificultad importante, por lo que vamos a ver si entre todos somos capaces de reconducir la situación». Entre las principales quejas y preocupaciones se encuentran los graves retrasos acumulados en la tramitación y resolución, que llevan a una «exagerada dilación de los procedimientos», agravada por las distintas huelgas que ha provocado un atasco que «afecta directamente a los derechos del ciudadano y a la confianza» en la Justicia.
Al atasco sumó las recurrentes dificultades en el acceso telemático a expedientes, las deficiencias informáticas y las relaciones digitales entre instituciones de justicia, además del «colapso de las tasaciones de costas en los juicios de nulidad de cláusulas bancarias o la huelga de los abogados de oficio».
VALLADOLID
La situación laboral de los jóvenes afecta directamente a su salud mental. Así, aumenta la «insatisfacción con su vida», «la desesperanza» y el riesgo de padecer problemas como ansiedad y depresión cuando están en paro o si no lo están, pero las condiciones de su puesto de trabajo son precarias. De hecho, la mitad reconoce que «en algún modo o en gran medida» los asuntos relacionados con el empleo les genera «malestar emocional».
Estas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado un estudio realizado por la Fundación Santa María la Real, que, además de dedicarse a la restauración y salvaguarda del patrimonio cultural, desde hace una década lo hace también en asuntos como el empleo y la inclusión social. Tras analizar las respuestas de personas de entre 16 y 35 años de Castilla y León, el informe, destaca que es el desempleo la situación vinculada al trabajo que más les afecta. Cerca del 60 por ciento de los jóvenes en paro tienen «mayor riesgo» de caer en un problema de salud mental, un porcentaje superior en el caso de las mujeres- 60,1 por ciento respecto al 41,2 en los hombres-, y que se incrementa también en el medio rural, donde roza el 63 por ciento.
Pero, además, su grado de «desesperanza» en general es «alto» y casi seis de cada diez tiene una satisfacción con su vida «baja». Mejora, aunque no significativamente, si quienes responden tienen un empleo,. Influyen, además, el nivel de estudios y la clase social –cuanto más bajos son hay más probabilidad de padecer problemas de salud mental vinculados a la situación laboral–.
Entre lo positivo, que más de la mitad está «medianamente satisfecho» con el apoyo social que reciben, su escenario laboral les afecta menos de lo que ocurre a nivel nacional, ocho de cada diez jóvenes han estado inmersos en algún programa de inclusión social o para mejorar su empleo y que el riesgo a caer en ansiedad o depresión si se participa en estas actividades se reduce hasta el 40 por ciento.
La Fundación Santa María la Real decidió investigar la relación entre la salud mental y la empleabilidad en los jóvenes a raíz de la pandemia. «Ya existían problemas de este tipo antes, pero la situación de ansiedad social vivida tras el Covid lo incrementó», aseguró en la presentación de los datos el director general de la entidad, Álvaro Retortillo. El parón de tres años que se produjo en el panorama laboral agravó ciertos problemas y sumió a quienes los padecían en una «espiral», ha considerado.
En el acto de presentación estuvieorn presentes también el presidente de la Fundación, Ignacio Fernández Sobrino; el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien destacó la red de alerta para problemas de salud mental en los jóvenes impulsada por la Junta y cómo la Fundación se ha implicado en la inserción laboral, también en el caso de mujeres víctimas de violencia de género colaborando en el programa Pemcyl de la Junta.
Además, subrayó como un aspecto importante destacado en el informe la «frustración» que siente la población joven cuando no encuentra un empleo que se «ajuste a sus expectativas».