PNV y Junts cierran el paso en el Congreso a los órdagos económicos de Yolanda Díaz
▶Los nacionalistas tumban la entrada de los sindicatos en los consejos de administración y facilitan una PNL del PP de apoyo a las empresas ▶La ofensiva de la CEOE y de empresarios vascos y catalanes logran el giro de los socios conservadores
Yolanda Díaz se ha topado con el Congreso. La tensión que mantiene con las empresas le ha costado un par de disgustos esta semana, sentando un precedente que puede frustrar muchas de las medidas que pretende llevar a cabo en esta legislatura. En un giro acertadamente preparado durante meses desde varios frentes por la patronal que dirige Antonio Garamendi, PNV y Junts han comenzado a frustrar los órdagos que la vicepresidenta segunda quiere poner en marcha esta legislatura, entre los que tiene un papel protagonista sentar a trabajadores y sindicatos en el máximo órgano de dirección de las empresas para impulsar la «democracia en el trabajo y los derechos de participación de las personas trabajadoras».
La propuesta fue presentada por Sumar y contó con el apoyo del PSOE, de ERC y Bildu, pero la complicada aritmética parlamentaria de esta legislatura impidió que saliera adelante. Los socios conservadores del Gobierno le dieron la espalda y unieron sus votos a los del PP y Vox para rechazar la proposición impulsada por la ministra de Trabajo y vicepresidenta.
El cambio de estrategia de vascos y catalanes lleva fraguándose muchos meses, salpicados de declaraciones de desprestigio inéditas contra el mundo empresarial y de una ofensiva fiscal sin precedentes, que ha dinamitado los puentes entre el tejido empresarial y el Ejecutivo. Para contrarrestar a la ministra, la patronal desplegó una ofensiva por varios frentes fraguada desde la sede de Diego de León 50, en Madrid.
Un equipo formado por Rosa Santos, directora de Relaciones Laborales, José Luis Ayllón, responsable de Relaciones con las Cortes, y las patronales vasca y catalana, Confebask y Fomento del Trabajo han logrado que PNV y Junts se subieran a ‘la causa’ empresarial, un paso al frente en el que también ha pesado que grandes empresas como el BBVA o
Iberdrola, en el País Vasco, se verían afectadas por los cambios de composición en los consejos, y otras como Puig o Grifols lo harían en Cataluña.
La abstención de PNV y Junts también ha sido clave esta semana para que saliera adelante una proposición no de ley (PNL) del Grupo Popular de apoyo a la empresa, iniciativa que fue secundada por Vox y Coalición Canaria y rechazada por el PSOE, Sumar, ERC y Bildu.
La propuesta de los populares refrenda las tesis y argumentos que lleva defendiendo la organización empresarial, y reivindica su papel en el diálogo social, además de apremiar a «cesar de inmediato con el ataque directo que desde el Gobierno se está realizando contra la empresa privada, que no hace sino generar desconfianza e inseguridad jurídica, ahuyentando con ello a los inversores».
«El Congreso insta al Gobierno –dicen– a adoptar, en el seno del diálogo
Los dardos al mundo empresarial han sido recurrentes desde que gobierna Pedro Sánchez, como también el goteo de subidas de impuestos. Hablar de empresarios es hacerlo de «esos hombres del puro que están acostumbrados a legislar en la sombra», llegaron a decir el presidente del Gobierno y Yolanda Díaz. Han sido reiteradas las declaraciones dirigidas a situar a las empresas en el lado de los poderosos, junto al PP, y frente a los trabajadores. Reiteradas también han sido las subidas de impuestos, a la banca y las eléctricas, a las grandes fortunas y un alza de las cotizaciones por varios frentes para pagar las pensiones, que este año se llevarán más de 200.000 millones por primera vez en la historia. social y en consenso con las organizaciones implicadas, las medidas oportunas para –sin renegar de la importancia y papel fundamental que ejerce el empleo público– fomentar el empleo privado». También se solicita al Gobierno «reconocer y poner en valor el papel fundamental, imprescindible e irreemplazable del sector privado como generador de empleo, riqueza y potenciador del crecimiento económico».
Y la Cámara Baja requiere «recuperar el diálogo social completo entre todos los agentes sociales, con la exigencia de que no se aborden modificaciones del marco regulador del mercado de trabajo, sin contar con el previo acuerdo de los sindicatos y patronal».
Como ya informó ABC, desde que en 2021 Yolanda Díaz pactara la reforma laboral con empresarios y sindicatos ha modificado el marco laboral hasta en 25 ocasiones. Y esos cambios se han acometido sin pasar por el diálogo social, bien tras pactos con sus socios de Gobierno o bien dando el visto bueno a normas que acometieron los distintos ministerios, lo que ha hecho saltar todas las alarmas entre los empresarios, sobre los que recae el mayor peso de estas modificaciones.
El escenario llevó a la organización empresarial a plantearse una queja formal ante Bruselas por entender que las modificaciones realizadas al margen del diálogo social desvirtúan lo que el Gobierno pactó con las autoridades comunitarias y modifican drásticamente el marco laboral.
El ‘modus operandi’ de la vicepresidenta ha consistido en realizar una lluvia fina de ‘enmiendas’ en el Estatuto de los Trabajadores durante los dos últimos años, bien desde Trabajo o con normas de otros departamentos, como ocurrió con la ley del ‘sólo sí es sí’, la ley Trans o la Ley de Familias. Y todo ello por la puerta de atrás, lo que sólo ha puesto en pie de guerra a las empresas, también a los sindicatos.
El Congreso insta al Gobierno a «cesar de inmediato con el ataque directo contra la empresa privada»
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