España registra la mayor destrucción de empleo y subida del paro en cuatro años
▶ La ocupación cae en 139.000 personas en el primer trimestre del año, y el desempleo sube en 117.000 parados
España arroja una foto fija en el primer trimestre del año que da cuenta de cómo el enfriamiento de la actividad económica filtra ya por los poros del mercado laboral de forma acuciante. Entre enero y marzo del presente ejercicio se destruyeron 139.000 puestos de trabajo en nuestro país y el paro creció en 117.000 personas, tal y como se desprende de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2024 publicada ayer.
La relevancia del dato, siendo este un periodo históricamente malo para la ocupación y el desempleo, está en que en este caso tanto la destrucción de empleo como el aumento del paro anota las cifras más abultadas de los últimos cuatro año. Hay que remontarse al mismo periodo de 2020, entonces afectado por el estallido de la pandemia y la paralización de la economía, para encontrar un saldo más negativo para este periodo con una caída de 285.600 empleos y un incremento de 121.000 parados.
Aunque más serio es el ajuste si despejamos de esta ecuación el año afectado por la crisis sanitaria. Sin contar con 2020, las cifras de paro y ocupación del presente ejercicio son las peores de la última década, teniendo que retrotraernos al inicio de 2014 para observar un mayor ajuste de puestos de trabajo en el primer trimestre del año, cuando cayeron 184.600 empleos. Mientras que el paro también se sitúa en parámetros similares, de modo un incremento mayor al del presente 2024 sin contar el año de pandemia se registró entre enero y marzo de 2013, cuando nuestro país sumó 257.200 desempleados.
Con este primer balance del año, el Gobierno aún celebra el mantenimiento de la ocupación en niveles por encima de los 21 millones (21,25 millones), a pesar de que el desempleo vuelve a rondar el nivel recurrente de los 3 millones de parados (2,97 millones, concretamente). En este punto, la tasa de paro también registra un incremento de casi cinco décimas en el primer trimestre, hasta el 12,29%.
Consecuencia directa de este ajuste trimestral del mercado de trabajo, los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 49.700 en el primer trimestre, un 5,3% más respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 977.900, aunque los hogares con todos sus integrantes en el desempleo han disminuido en 88.100, lo que supone un retroceso del 8,2%.
En este punto, sobre las cifras granulares de la caída de empleo experimentada en nuestro país cabe destacar que el sector público se lleva una quinta parte del ajuste, tras la caída de 25.600 ocupados (el 18,3% del total), lo que supone igualmente la mayor caída en diez años. «Además, la temporalidad en el sector público se mantiene en el 30%, el doble de la media del mercado laboral», advierten desde CSIF, principal sindicato de funcionarios del Estado, recordando además que la Administración tiene el compromiso de reducir este nivel hasta el 8% al término del presente ejercicio.
Paralelamente, desde la patronal CEOE, señalan como uno de los aspectos más negativos de los resultados de este primer trimestre el descenso intertrimestral de los ocupados en el sector privado (-114.100 personas). «Estos datos contrastan con los de afiliación a la Seguridad Social y con algunos indicadores de actividad, que han mostrado un mayor dinamismo en el comienzo del año», explican desde la organización
El sector público se lleva casi un 20% del ajuste de empleo del primer trimestre del año, la mayor caída de la última década
Atendiendo a la lectura regional de caída del empleo, de los 139.700 puestos de trabajo perdidos, más de siete de cada diez se concentran entre los 39.200 empleos perdidos el País Vasco, los 34.900 en Comunidad Valenciana y los 27.500 destruidos en Castilla-La Mancha. Sólo la Comunidad de Madrid ofrece un saldo positivo relevante, con 44.700 nuevos ocupados, casi quintuplicando el saldo de la segunda región que más empleos creó en este periodo, las islas Canarias (+9.800 ocupados).
Por su parte, entre los 117.000 nuevos parados, más del 66% se concentraron en Baleares (+28.300 dirigida por Antonio Garamendi. Y aseguran que «es pronto para confirmar un cambio de tendencia en el mercado laboral, aunque hay factores que pueden estar empezando a tener un impacto negativo, como la incertidumbre política y regulatoria, y el aumento de los costes empresariales».
En este punto, uno de los aspectos que los empresarios han observado con cierta preocupación la pérdida parados), Castilla-La Mancha (27.400) y el País Vasco (22.100). En el plano positivo, Canarias registra una mejora levemente superior a la de Madrid, tras registrarse caídas de desempleo de 14.500 y 14.100 personas, respectivamente.
En opinión de la patronal madrileña CEIM, apuntan que es necesario extrapolar las políticas fiscales y económicas de la Comunidad de Madrid, «favorecedoras de la libertad de empresa», al conjunto de la economía nacional. No es posible, según los Empresarios de Madrid, crear empleo «a través de políticas basadas en populismo, subsidios y en desprestigio hacia las empresas». del tejido productivo, que se manifiesta en la disminución trimestral de los trabajadores por cuenta propia en 69.800 personas, situándose el total en 3.179.700 personas.
«Además, la evolución de la ocupación en relación con la actividad apunta a nuevas pérdidas de productividad, preocupante problema que arrastra la empresa española», señalan desde Cepyme pese al positivo récord de 21.250.000 personas ocupadas que se mantiene pese a la caída de los tres primeros meses del año.
«El buen dato global de ocupación coexiste con una elevada tasa de paro, incongruente además con la generalización del problema de vacantes de empleo sin cubrir. Es decir, las empresas sufren dos impactos negativos. No sólo aumentan el empleo más que la actividad, sacrificando su productividad, sino que se encuentran con ofertas de empleo desatendidas que minan sus proyectos», señalan desde la patronal dirigida por Gerardo Cuerva.
En este punto, desde Cepyme vuelven a reiterar la necesidad de modificar los parámetros de labor de intermediación de los Servicios Públicos de Empleo que «es insuficiente». Y recuerdan que el SEPE apenas logra intervenir con éxito en el casado de oferta y demanda de empleo en el 2% de los casos, por lo que considera necesaria una revisión de las políticas activas de empleo. «Si vemos las cifras que nos muestra el mercado de trabajo vemos, en comparación con otros países, mayores inversiones en políticas activas. Sin embargo, no se consigue la tasa de ocupación e intermediación que tienen otros países», señala sobre este punto el director de Adecco Group Institute, Javier Blasco.
MADRID
La cesión por parte del Gobierno de Sánchez al País Vasco de las competencias para controlar el proceso de selección de los interventores, secretarios y tesoreros locales a través de los Presupuestos de 2022 fue ilegal. El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por mayoría el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del PP contra la disposición del proyecto presupuestario por la que se cedió al Ejecutivo de Vitoria «todas las facultades previstas en la Ley de las Bases del Régimen Local respecto de los funcionarios de Administración Local con habilitación nacional», que hasta entonces ostentaba el Estado en todo el territorio nacional.
La sentencia concluye que el traspaso desborda el «contenido posible de una ley de presupuestos y vulnera, en consecuencia, la Constitución», al tratarse de una norma de organización de la Función Pública que no guarda conexión ni con el régimen retributivo de los funcionarios ni con la cuenta de ingresos y gastos del Estado. Algo debía esperar el Gobierno, que aprovechó uno de los reales decretos aprobados en la recta final del año pasado para volver a regular este traspaso competencial, introduciendo además una controvertida cláusula que aspira a dar legitimidad de forma retroactiva a los procesos que estuvieran en tramitación con anterioridad a la aprobación de la norma.
La disposición se explica porque Vitoria ya estrenó el perímetro competencial que le atribuyeron los Presupuestos de 2022 y mantiene aún en proceso una convocatoria de 55 plazas, que tras la resolución del Constitucional corren el riesgo de quedarse en el limbo.
Apsital, la asociación profesionales que representa los intereses de los habilitados nacionales, muy crítica con el traspaso de las competencias sobre los habilitados nacionales a las autonomías, advierte en conversación con ABC de que no descarta actuar para anular los procesos selectivos convocados en el País Vasco, tanto los amparados en el traspaso de 2022 como los que se apoyen en el real decreto ley aprobado a finales del año pasado que a su juicio «tampoco es el cauce constitucional adecuado». Una actuación en ese sentido pondría también en riesgo las 177 plazas que acaba de convocar Vitoria dentro de la oferta de empleo público de 2024.