El Supremo admite el recurso de Cabify y Uber contra la norma impuesta al sector
La patronal de los VTC cree que el real decreto «restringe la competencia de forma injustificada»
El Tribunal Supremo no solo decidirá si la normativa que regula los servicios de alquiler de vehículos con conductor (VTC) es contraria a la competencia, como denunció la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Alto Tribunal también se pronunciará sobre el real decreto que aprobó el Gobierno el pasado 29 de diciembre para limitar la transmisión de las licencias VTC, con las que operan empresas como Uber y Cabify.
La Sala Tercera del Supremo admitió ayer a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Unauto, la patronal de las VTC, contra la norma en cuestión. El real decreto establece limitaciones a estas compañías, como la necesidad de poseer una licencia durante al menos dos años para poder llevar a cabo su venta. Una medida que, según el Ejecutivo, evitaba la creación de una burbuja en torno al precio de estas concesiones.
Además, el decreto, ya en vigor, también obliga a empresas como Uber y Cabify a registrar sus servicios en una base de datos pública. Una medida que, según fuentes cercanas a estas compañías, «vulnera de forma determinante la ley de protección de datos».
No solo Unauto ha realizado una denuncia de la norma. Uber también ha presentado un recurso, mientras que el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, anunció ayer mismo que también llevará el real decreto del Gobierno ante el Tribunal Supremo.
«Vamos a seguir, porque nos parece que es nuestro deber», aseguró el máximo responsable de Competencia en un desayuno organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en el que recordó que la institución tiene varios procedimientos abiertos en los tribunales por la regulación del sector de los VTC.
La decisión de la CNMC se produce después de que el pasado viernes el Gobierno rechazara la petición del organismo de anular el decreto sobre las VTC. En opinión de Competencia, es una ley que «restringe la competencia de forma injustificada».
La postura de Competencia es de no poner puertas al campo en cuanto lo que se refiere a la economía colaborativa y otros nuevos servicios digitales. Ayer, Quemada reiteró que el organismo está alineado «con la evolución de los mercados, con el bienestar de los usuarios y con los precios de los servicios razonables». Es más, dijo que aunque hay sectores que operan en estas actividades que pueden influir en las decisiones por su capacidad para paralizar las ciudades, una sociedad madura no puede responder a esas amenazas con aquiescencia y debe «procurar una mejor calidad de servicios».