COMPARACIÓN A TENER EN CUENTA

Una de las características tradicionales de nuestra economía, además del proteccionismo y de la abundancia de enlaces corporativos entre empresas de los sectores se encontraba en un fuerte intervencionismo del sector público sobre la actividad empresarial. Fundamentalmente, éste se había iniciado como consecuencia de la crisis de superproducción de azúcar, derivada de la remolacha azucarera que, tras la pérdida de Cuba en el año 1898, se había convertido en la abastecedora nacional. Para impedir una catástrofe, en 1903 el Gobierno de Maura adoptó rígidas medidas de control estatal de la actividad productiva azucarera. Pero lo que pareció obligado en aquella conducta concreta, se amplió a cada vez mayor presencia del sector público prácticamente en todos y cada uno de los sectores productivos.

La observación crítica por parte de los economistas españoles, con el respaldo por cierto, cuando en la última etapa de su vida vino a España, a marcar la orientación que debía tener cualquier economía sana, fue el del célebre economista profesor Stackelberg. Recuérdese lo que escribió, incluyendo colateralmente un magnífico texto de von Thünen como preludio inmediato del apartado «La concurrencia perfecta como principio de organización de la economía nacional», en sus «Principios de Teoría Económica” (Instituto de Estudios Políticos, 1946). Fue seguido por sus colegas españoles, desde Valentín Andrés Álvarez y sus llamadas de atención en 1941 a lo que suponía Eucken y la Escuela de Friburgo, y no digamos por el profesor Torres, cuando lanzó, casi como golpe definitivo contra era realidad intervencionista, su crítico libro «Juicio de la actual política económica española» (Aguilar, 1956).

A partir de ahí, siguió este camino con el cambio de Gobierno de 1957, con el Plan de Estabilización de 1959, y con la Constitución de 1978 y su artículo 38 con ese párrafo perfecto: «Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación».