La Junta mantiene inactivo su comité contra el acoso sexual entre su plantilla
El Consejo de Gobierno suscribe el texto legal firmado por todos los grupos
El comité interno creado por la Junta para investigar denuncias de sus empleados relativas a acoso sexual, laboral o discriminatorio lleva meses sin actividad. Tres de los cuatro miembros han abandonado su cargo, dejando sin actividad el comité.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, reunido ayer, expresó su dictamen favorable al proyecto de ley que se tramita en el Parlamento autonómico para modificar la ley urbanística andaluza, conocida bajo el acróstico de LOUA, y que viene a suponer una dotación masiva de servicios a las viviendas construidas sin licencia pero en proceso de legalización. El paso dado por el Ejecutivo autonómico implica dar por buenos los trabajos parlamentarios que ya han firmado todos los grupos políticos. Desde el PP a Podemos, todos están de acuerdo en firmar la ley con el objetivo de que se pueda dar el siguiente paso: conectarse a los servicios en un plazo específico de dos años que ayuntamientos como el de Córdoba piden prorrogar para que no haya problemas a medio plazo.
Lo que hizo ayer el Gobierno de Susana Díaz es acreditar que no va a poner problemas, dentro de las posibilidades que le da la separación de poderes entre Ejecutivo y Legislativo, sobre la aplicación de una norma que viene directamente de la Cámara autonómica. Es un paso que no es necesario cuando el proponente es el Gobierno pero que sí se exige cuando el proyecto de ley no ha salido de la mesa colegiada de los consejeros. El hecho de que todos los partidos políticos están de acuerdo abre la vía para que la aprobación parlamentaria sea rápida y llegue antes de las elecciones autonómicas y municipales. Muchos son los candidatos que están jugando a lucirse ante su electorado con vivienda irregular prometiendo agua, luz y alcantarillado.
Los agraciados
En Córdoba, una veintena de parcelaciones —que no todas— podrán acogerse a esta situación. Porque la norma no es universal aunque sí permite alcanzar a buena parte de los supuestos. Para acogerse, la casa tiene que estar ubicada en una zona legalizable con el instrumento correspondiente aprobado. Eso quiere decir que el plan parcial o plan de sectorización han de tener el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo, aunque no se haya llegado a la fase de ejecutar el proyecto de urbanización. La medida de la ley permite a los propietarios acogerse a algunos beneficios de la legalidad a propietarios que aún no han realizado inversiones. La norma permitirá, cuando se publique en el BOJA con la sanción correspondiente, que los dueños de las viviendas tengan derecho a inscribir sus propiedades en el registro, lo que abre la puerta a determinados beneficios colaterales. El más relevante de ellos es el uso de las casas como garantía hipotecaria en el caso de solicitar un préstamo. También implica responsabilidades: las autoridades podrán obligar a los dueños de las casas a establecer medidas urgentes para eliminar el daño paisajístico, entre otras potestades de la Administración.
Todos los que tengan una parcela no tendrán derecho a los beneficios. De hecho, quedan fuera las viviendas ubicadas en suelo protegido como la Sierra o la protección de Medina Azahara. También quedan fuera de toda posibilidad aquellas viviendas que se encuentren en terrenos con afección como los que están en zonas inundables, pese a que se encuentren en una urbanización con posibilidades de legalización. También quedan ajenas a esta nueva regulación las casas recientemente construidas. En concreto, para poder conectar los servicios habrá que demostrar que la edificación tiene, al menos, seis años de vida. También quedan fuera las viviendas que, estando cerca de una urbanización legalizable, no se encuentran en los estrictos márgenes de la misma. La Gerencia de Urbanismo inició hace años un procedimiento para reconocer esos millones de metros cuadrados anexos a las parcelaciones que ya habían sido legalizadas. Diversos avatares llevaron a que la innovación de atrancara. Cientos de casas en todo el término municipal no podrán acceder a la barra libre de servicios básicos por esta cuestión.
Expertos en derecho urbanístico aseguran en artículos y tribunas que la reforma legal prevista para mejorar las condiciones básicas de habitabilidad de las viviendas son un paso en la buena dirección de los varios que ha intentado la Junta de Andalucía. Advierten, sin embargo, de que la reforma de la norma no puede ser una coartada para que se abandonen los procesos para la legalización de las viviendas realizando las inversiones privadas correspondientes.
20 parcelaciones
La medida afecta a las primeras viviendas, de más de seis años sobre terreno legalizable en proceso